El policía bonaerense Maximiliano González fue condenado a prisión perpetua por el asesinato de Luciano Olivera, un adolescente de 16 años, durante un operativo policial en Miramar en diciembre de 2021. La sentencia fue dictada por el juez Facundo Gómez Urso, luego de que un jurado popular declarara culpable al acusado por homicidio triplemente agravado: por el uso de arma de fuego, por su condición de funcionario policial y por alevosía.

El hecho ocurrió en la madrugada del 10 de diciembre de 2021, cuando Olivera, tras jugar al fútbol con amigos en la plaza central de Miramar, regresaba a su casa en moto. Un patrullero acudió al lugar tras una denuncia por ruidos molestos y, al ver a Olivera retirarse, comenzó una persecución. Otro móvil policial, en el que viajaba González, interceptó al joven y, al descender del vehículo, el policía disparó al pecho del adolescente, causándole la muerte en el acto.

Durante el juicio, la defensa de González sostuvo que el disparo fue accidental, pero la pericia oficial descartó esa versión, señalando que el accionar del policía fue intencional y sin justificación, ya que la víctima no representaba un peligro. El fiscal Fernando Berlingeri y el abogado de la familia Olivera, Gregorio Dalbón, solicitaron la pena máxima, que fue finalmente otorgada.

El caso generó una fuerte conmoción en Miramar y a nivel nacional, reavivando el debate sobre la violencia institucional y el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. Familiares y amigos de Olivera realizaron manifestaciones exigiendo justicia y denunciando hostigamiento policial previo al hecho. Tras el crimen, se produjeron protestas y enfrentamientos con la policía, resultando varios manifestantes heridos.

El abogado Dalbón celebró la sentencia, afirmando que "la impunidad fue derrotada" y que "la violencia institucional fue juzgada". Por su parte, el entonces ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, criticó el accionar de González, señalando que "hizo todo mal". Otros cuatro policías que participaron en el operativo están imputados por encubrimiento y serán juzgados en procesos separados.

La condena a González es vista como un precedente en la lucha contra el "gatillo fácil" y la violencia institucional en Argentina, aunque la familia de la víctima y organizaciones sociales insisten en la necesidad de reformas profundas en las fuerzas de seguridad para evitar nuevos casos.