El gobierno de Javier Milei enfrenta una de las mayores confrontaciones políticas y sociales de su gestión tras impulsar un ambicioso proyecto de reforma laboral. La iniciativa, que busca flexibilizar el mercado de trabajo y reducir la influencia sindical, ha generado un fuerte rechazo de la Confederación General del Trabajo (CGT), el peronismo y diversos sectores gremiales, que advierten sobre la posible pérdida de derechos laborales y la precarización del empleo formal.

El proyecto oficial contempla, entre otros puntos, la ampliación del período de prueba para nuevos empleados, la extensión de la jornada laboral hasta 12 horas, la limitación de la discrecionalidad judicial en el cálculo de indemnizaciones y la priorización de acuerdos salariales a nivel de empresa por sobre los convenios nacionales. Según el presidente Milei, "por demasiado tiempo la incertidumbre legal sobre los contratos, los costos excesivos y el temor de las pymes ante cada nueva contratación empujaron a cientos de miles de trabajadores a la informalidad".

La CGT y el peronismo consideran que la protección de los derechos laborales es un pilar histórico y rechazan de plano la iniciativa. "Esta reforma fue escrita por estudios jurídicos para las grandes corporaciones... debilita de manera severa los derechos individuales y colectivos y no ofrece nada a los trabajadores a cambio", sostuvo Jorge Solá, secretario adjunto de la CGT. Los sindicatos preparan acciones legales y evalúan convocar a huelgas, mientras que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) propuso un paro general para el 11 de febrero, aunque la CGT por ahora solo prevé movilizaciones.

El debate se produce en un contexto de alta informalidad laboral, con casi la mitad de los trabajadores fuera del sistema formal y un empleo registrado estancado desde 2011. Encuestas citadas por medios internacionales muestran que seis de cada diez argentinos apoyan la necesidad de cambiar la legislación laboral, aunque el respaldo disminuye ante medidas concretas como la extensión de la jornada o el recorte de indemnizaciones.

El sector empresarial, en general, respalda la flexibilización y la reducción de indemnizaciones, aunque algunos muestran reticencias a la negociación individual. "El gobierno prioriza al individuo, nosotros preferimos proteger lo colectivo", señaló Ricardo Diab, presidente de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

La reforma constituye el mayor intento en décadas de limitar el poder de los sindicatos, que históricamente han tenido una fuerte influencia en la vida económica y social del país. El desenlace de esta disputa será una prueba política clave para la gestión de Milei y podría definir el rumbo del mercado laboral argentino en los próximos años.