El gendarme argentino Nahuel Gallo fue liberado y regresó al país tras pasar 448 días detenido en Venezuela, acusado de complot y terrorismo. Su liberación, que se concretó el 1 de marzo, fue posible gracias a una gestión humanitaria encabezada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en medio de negociaciones discretas y la falta de voluntad del régimen venezolano para entregarlo al gobierno argentino.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, relató que Gallo llegó al país en buen estado de salud general, aunque afectado emocionalmente por el prolongado cautiverio. "Lo encontré entero, ansioso, con ganas de contar muchas cosas", afirmó Monteoliva, quien también compartió su propia experiencia como víctima de secuestro para acompañar al gendarme en su proceso de recuperación. Gallo permanece en el edificio Centinela, rodeado de su familia y camaradas, mientras recibe atención médica y psicológica.

La familia de Gallo, a través de una carta pública, expresó su profundo agradecimiento a la AFA, al gobierno nacional, a dirigentes políticos de distintos partidos y a la sociedad argentina por el apoyo recibido durante los meses de incertidumbre. "Cuando Nahuel recuperó la libertad, no fue solamente él quien volvió a ser libre", señalaron sus familiares, destacando el alivio colectivo tras su regreso.

El operativo de liberación incluyó momentos de gran incertidumbre para Gallo, quien fue trasladado encapuchado y sin información clara hasta el último momento. La intervención de la AFA resultó decisiva, ante la falta de avances en los canales diplomáticos tradicionales. El caso expuso las dificultades de la diplomacia argentina frente al régimen venezolano y abrió el debate sobre el rol de actores no estatales en situaciones humanitarias.

En el contexto regional, la ministra Monteoliva subrayó la importancia de la cooperación internacional en materia de seguridad y la necesidad de fortalecer los controles fronterizos ante amenazas globales. El caso Gallo se suma a otros desafíos que enfrenta Argentina en la lucha contra el crimen organizado y la protección de sus ciudadanos en el exterior.