La Justicia federal de La Plata dictó una medida cautelar que suspende el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), la empresa estatal encargada del suministro de agua y saneamiento en 26 municipios de la provincia de Buenos Aires. La decisión, tomada por el juez Mariano López, responde a una presentación de la Defensoría del Pueblo bonaerense, que advirtió sobre la falta de garantías en el acceso al agua y los posibles perjuicios ambientales derivados de la venta de la compañía.

El fallo judicial cuestiona la ausencia de evaluaciones sobre el impacto ecológico y la continuidad del servicio público esencial, señalando que el esquema de privatización impulsado por el gobierno nacional podría reducir las exigencias regulatorias y postergar obras críticas para la región. "No se consideran los efectos a mediano y largo plazo de los pasivos ambientales, lo que representa un riesgo para los habitantes de la provincia", fundamentó el magistrado en su resolución.

El proceso de privatización, anunciado por el gobierno de Javier Milei en mayo, preveía la venta del 90% de las acciones de AySA como parte de una política más amplia de retiro estatal de empresas públicas y fomento de la inversión privada en servicios esenciales. Sin embargo, la medida judicial obliga a suspender cualquier avance hasta que se determine el pasivo ambiental y se garantice el acceso equitativo al agua potable.

En el plano local, el Concejo Deliberante de Lanús aprobó una ordenanza manifestando su rechazo a la privatización y exigiendo la reactivación de obras públicas clave para el distrito. Durante el debate, se recordaron los efectos negativos de la privatización de los años 90, cuando la gestión privada de los servicios de agua generó perjuicios ambientales y sociales en la región.

Organizaciones sociales, colectivos ambientales y agrupaciones vecinales celebraron la decisión judicial, considerándola un respaldo institucional para proteger el acceso a servicios esenciales. Por su parte, el gobierno nacional sostiene que la privatización es necesaria para modernizar la infraestructura y mejorar la eficiencia del servicio, aunque enfrenta crecientes cuestionamientos judiciales y políticos.

El futuro del proceso dependerá de la evaluación judicial sobre el pasivo ambiental y de la capacidad del Estado para garantizar el derecho al agua y la sustentabilidad ambiental, en un contexto de fuerte debate sobre el rol del sector público en la provisión de servicios básicos.