La Legislatura bonaerense inició esta semana el debate por el Presupuesto 2026, la Ley Impositiva y el pedido de endeudamiento enviados por el gobernador Axel Kicillof. El paquete económico, que proyecta un gasto total de $43 billones y solicita autorización para tomar deuda por más de USD 3.000 millones, se discute en un contexto de fuerte tensión política y fiscal, marcado por la caída de recursos y el recorte de fondos nacionales.

El tratamiento formal comenzó en la Comisión de Presupuesto, donde se evidenciaron diferencias internas en el peronismo y demandas de la oposición. Intendentes peronistas, especialmente aquellos no alineados con el gobernador y nucleados en La Cámpora, denunciaron que el presupuesto "profundiza las desigualdades territoriales" y favorece a distritos aliados a Kicillof, como La Plata. Según un informe difundido por estos sectores, municipios como Quilmes, Lanús y Hurlingham recibirán mucho menos recursos per cápita que La Plata o San Martín, lo que consideran una priorización de afinidades políticas sobre criterios de equidad.

La oposición, por su parte, condiciona el apoyo al endeudamiento a la transformación del Fondo de Fortalecimiento Municipal en un fondo fijo, de libre disponibilidad y actualizado por inflación, además de la cobertura de vacantes en la Suprema Corte y organismos de control. El oficialismo, con 37 diputados y 21 senadores, necesita sumar aliados para alcanzar los dos tercios requeridos para autorizar nueva deuda, mientras que el Presupuesto y la Ley Impositiva podrían avanzar con mayoría simple.

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y el de Infraestructura, Gabriel Katopodis, defendieron el paquete como esencial para sostener el funcionamiento del Estado y la continuidad de las obras públicas. Katopodis detalló que el Presupuesto contempla 1.791 obras y proyectos en marcha, y denunció que el gobierno nacional mantiene una deuda de $12,9 billones con la provincia, además de la paralización de casi mil obras. "Estamos de pie, pese a estar entrando en el tercer año de asfixia por parte del gobierno nacional. Cuando pedimos que se aprueben el Presupuesto y el Endeudamiento es para esto, para tener los recursos y que en cada uno de los 135 municipios podamos seguir ejecutando este plan de obra pública. Esperemos que se sancionen", afirmó.

La interna peronista y la fragmentación de apoyos complican la gobernabilidad y la planificación financiera, mientras la provincia busca evitar repetir el escenario de 2024, cuando la falta de acuerdos obligó a prorrogar el presupuesto anterior. El desenlace de la negociación será clave para el futuro político y económico de Buenos Aires.