El inicio del ciclo lectivo 2026 en Argentina se ve afectado por un paro docente nacional que involucra a 15 provincias, en medio de reclamos por mejoras salariales y mayor financiamiento educativo. La medida de fuerza, convocada por las principales confederaciones docentes como CTERA, UDA, CEA, Sadop y Amet, coincide con el regreso a clases de unos 8,5 millones de estudiantes en escuelas públicas.

El paro responde a la caída del salario docente, que según análisis de especialistas y gremios, se encuentra en su nivel más bajo de los últimos 20 años. Los sindicatos exigen un aumento que permita recuperar el poder adquisitivo, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y la convocatoria a la paritaria nacional docente. Además, rechazan el proyecto de ley de "libertad educativa" impulsado por el Gobierno nacional, al que consideran perjudicial para el sistema educativo.

En la provincia de Buenos Aires, la huelga coincide con el inicio de clases y cuenta con la adhesión de todos los gremios del Frente de Unidad Docente Bonaerense. El gobierno provincial ofreció una actualización salarial del 3% para febrero, propuesta que fue rechazada por los sindicatos. En otras jurisdicciones, como Salta, aunque se cerró un acuerdo salarial provincial, los gremios adhieren al paro nacional para visibilizar el reclamo por fondos y condiciones laborales a nivel nacional. El gobierno salteño anunció que descontará el día no trabajado, lo que genera incertidumbre sobre el nivel de adhesión.

El contexto financiero agrava la situación: entre 2023 y 2025, la inversión educativa nacional se redujo un 47,7%, y el presupuesto para infraestructura escolar y educación técnica sufrió recortes significativos. El salario mínimo docente se mantiene en $500.000, pero el promedio nacional cayó un 19% en los últimos dos años, con grandes disparidades entre provincias.

En respuesta a la crisis, diputados de distintos bloques presentaron un proyecto de ley para fortalecer el salario docente y crear un complemento federal financiado con recursos del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional. La iniciativa busca evitar recortes provinciales y mejorar la equidad salarial, en un contexto donde la Ley de Financiamiento Educativo fue modificada y el piso de inversión del 6% del PBI quedó sin efecto.

El debate sobre el financiamiento y la equidad educativa continúa en el Congreso y en la sociedad, mientras los gremios mantienen sus reclamos y el Gobierno nacional sostiene su postura de descentralización y ajuste presupuestario. "La paritaria nacional fija un salario mínimo docente para todo el país, un piso por debajo del cual ninguna provincia puede pagar. Si una provincia no puede afrontarlo, la Nación debe compensarla con un fondo específico. Eso garantiza equidad", afirmó Daniel Amidei, delegado de UDA Salta. El futuro del sistema educativo argentino dependerá de las negociaciones y decisiones políticas en los próximos meses.