La confirmación de la condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner por parte de la Corte Suprema ha provocado una fuerte reacción internacional. Líderes políticos de América Latina y Europa manifestaron su solidaridad con la exmandataria y denunciaron lo que consideran una persecución judicial con motivaciones políticas.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fue uno de los primeros en pronunciarse. A través de una llamada telefónica, Lula expresó su "solidaridad" con Cristina Kirchner y destacó "la serenidad y determinación" con la que enfrenta la situación. "Le hablé de la importancia de que se mantenga fuerte en estos momentos difíciles", afirmó el mandatario brasileño, quien también fue condenado y encarcelado antes de regresar al poder.

La expresidenta brasileña Dilma Rousseff calificó la sentencia como "un ataque inaceptable a la democracia" y un ejemplo de "lawfare" contra líderes progresistas en la región. Rousseff sostuvo que "el objetivo siempre ha sido el mismo: manchar la reputación de estos líderes y apartarlos de la legítima disputa por el voto popular".

Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó que el caso de Cristina Kirchner es "más político que judicial" y reiteró su apoyo. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, advirtió sobre el peligro que enfrenta la "primavera democrática" en América Latina y trazó paralelismos con otros líderes progresistas que han enfrentado procesos judiciales y persecución política.

Otros mandatarios y exmandatarios, como Luis Arce y Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), Miguel Díaz-Canel (Cuba), Xiomara Castro (Honduras), así como dirigentes de Podemos (España) y La Francia Insumisa, también repudiaron la condena y denunciaron la utilización de la justicia con fines políticos.

El caso de Cristina Kirchner se enmarca en una serie de denuncias de "lawfare" en la región, donde la judicialización de la política ha sido señalada como una amenaza para la democracia y el Estado de derecho. La reacción internacional evidencia la preocupación por el impacto de este tipo de procesos en la estabilidad política y democrática de América Latina.