El Gobierno nacional puso en marcha un ambicioso programa de seguridad migratoria, con el objetivo de reforzar los controles en las fronteras y combatir los delitos asociados a la inmigración irregular. La iniciativa, formalizada mediante la resolución 551/2026, contempla la creación de Unidades de Seguridad Migratoria dentro de las principales fuerzas federales: Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Según informaron fuentes oficiales, el programa incluye la capacitación específica del personal involucrado, la modernización de equipamiento y la incorporación de tecnología en puntos estratégicos como pasos fronterizos y aeropuertos. Además, se prevé una mayor coordinación operativa entre la Dirección Nacional de Migraciones y las fuerzas de seguridad, con el fin de prevenir, detectar e investigar delitos migratorios como el tráfico de personas, la trata y la inmigración irregular.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, destacó que “el objetivo es seguir fortaleciendo nuestra política migratoria y nuestra política fronteriza”, y subrayó que el trabajo de las nuevas unidades será funcional, sin crear nuevas estructuras organizativas. El personal asignado llevará un distintivo de “Seguridad Migratoria” y cumplirá tareas subsidiarias de control migratorio, manteniendo el respeto por las responsabilidades primarias de cada institución.

En el marco de este programa, el Gobierno informó la expulsión de 14.000 extranjeros en los últimos seis meses, cifra que fue presentada como un hito en la gestión migratoria. Monteoliva remarcó: “Quien no cumple la ley, no entra. Y si entró por alguna circunstancia, lo buscamos y lo encontramos”.

La puesta en marcha de estas medidas se produce tras la reforma migratoria de 2025, que endureció los criterios para la residencia de extranjeros y facilitó los procesos de deportación para quienes cometan delitos en el país. El Gobierno también busca alinearse con estándares internacionales y aspira a ingresar al programa de exención de visas de Estados Unidos, aunque este objetivo aún no se ha concretado.

La iniciativa ha generado diversas reacciones. Mientras el oficialismo la presenta como un avance en materia de seguridad y control, sectores críticos advierten sobre posibles impactos en derechos humanos y en la imagen internacional del país. El debate sobre la política migratoria se mantiene vigente, con implicancias políticas y sociales de cara al futuro.