Un paro escalonado de controladores aéreos amenaza con alterar el normal desarrollo de las vacaciones de invierno en Argentina, generando preocupación entre pasajeros, aerolíneas y el sector turístico. La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) anunció un cronograma de medidas de fuerza que afectará los despegues en diez jornadas clave de julio, coincidiendo con el receso escolar en varias provincias y el pico de demanda de vuelos.

El conflicto tiene su origen en un reclamo salarial que lleva más de diez meses sin resolución. ATEPSA exige un aumento del 45% y denuncia la falta de respuestas por parte de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Subsecretaría de Transporte Aéreo. Según el gremio, las autoridades han presentado informes "tendenciosos" para deslegitimar la protesta y obstaculizar el derecho a huelga.

Las aerolíneas, representadas por la Cámara de Líneas Aéreas en Argentina (JURCA), la International Air Transport Association (IATA) y la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), advirtieron que la medida es "innecesariamente oportunista" y que no podrán reprogramar la totalidad de los vuelos ni reubicar a todos los pasajeros afectados. Además, alertaron sobre pérdidas millonarias para la industria aerocomercial y toda la cadena de actividades vinculadas al turismo, como hoteles, gastronomía y comercios.

Durante las horas de paro, los controladores no autorizarán despegues ni movimientos de aeronaves en pista, aunque se exceptuarán vuelos de emergencia, sanitarios y humanitarios. El impacto se verá agravado por la variabilidad del calendario de vacaciones escolares en las distintas provincias, lo que dificulta aún más la planificación y reprogramación de vuelos.

En paralelo, otros gremios aeronáuticos convocaron a un plenario para coordinar acciones conjuntas frente a lo que consideran una "desregulación salvaje" del sector y recortes en las condiciones laborales. El Gobierno, por su parte, declaró la actividad aérea como servicio esencial, lo que limita la posibilidad de realizar paros totales y obliga a mantener una dotación mínima para garantizar la seguridad operacional.

La situación genera incertidumbre entre los pasajeros y operadores turísticos, quienes temen por la cancelación o reprogramación de sus viajes en pleno receso invernal. Las próximas semanas serán clave para determinar si se logra una solución negociada o si el conflicto se profundiza, con consecuencias para la economía y la imagen del sistema aeronáutico argentino.