Cristina Fernández de Kirchner fue notificada este martes de la prisión domiciliaria, tras la confirmación de su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta en la causa Vialidad. La decisión, adoptada por el Tribunal Oral Federal N°2 y ratificada por la Corte Suprema, marca un hito en la historia judicial argentina y genera un fuerte impacto político y social.

La notificación se realizó de manera virtual para evitar el traslado de la exmandataria y posibles disturbios en la vía pública. Según fuentes oficiales, Cristina Kirchner cumplirá la detención en su domicilio del barrio Constitución, bajo custodia presencial de fuerzas de seguridad, aunque sin tobillera electrónica por falta de dispositivos. La medida restringe el aforo de reuniones políticas en su domicilio, pero no limita su comunicación a través de redes sociales ni la posibilidad de conceder entrevistas.

El plazo para que la expresidenta se presente voluntariamente vence este miércoles. Mientras tanto, la defensa de Kirchner denunció su situación ante la Corte Penal Internacional y planea acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un intento por revertir la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El fallo de la Corte Suprema, que rechazó el recurso de la defensa, fue considerado por analistas y medios como un antes y un después en la historia judicial argentina. La causa Vialidad investigó presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz, involucrando a otros exfuncionarios y empresarios, como Lázaro Báez y José López, también condenados.

La reacción política no se hizo esperar. Sectores del peronismo, gremios y organizaciones sociales convocaron a movilizaciones en apoyo a la exmandataria bajo la consigna “Cristina Libre”, denunciando una supuesta persecución judicial y mediática. La eurodiputada española Irene Montero calificó la condena como parte de una ofensiva contra liderazgos populares, mientras que el senador Luis Juez advirtió sobre posibles disturbios y criticó la estrategia de defensa de Kirchner.

El caso se produce en un contexto de alta polarización política y movilización social, con repercusiones internacionales y un debate abierto sobre la independencia judicial y el futuro del peronismo en Argentina.