El exjuez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, quedó bajo prisión domiciliaria con tobillera electrónica tras la aceptación de su renuncia por parte del presidente Javier Milei, formalizada mediante el decreto 443/2025. La medida, que se hará efectiva por 90 días, fue dispuesta por la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario luego de que Bailaque perdiera sus fueros al dejar el cargo.

Bailaque enfrenta graves acusaciones de corrupción, extorsión, prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, además de presuntos vínculos con el narcotráfico. Según la investigación, el exmagistrado habría beneficiado a imputados ligados a bandas criminales, desviado fondos judiciales hacia entidades de allegados y participado en maniobras de extorsión junto a funcionarios de la ex AFIP y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La renuncia de Bailaque, presentada el 11 de junio y aceptada el 1 de julio, evitó un inminente juicio político en el Consejo de la Magistratura, donde se acumulaban denuncias por mal desempeño. El Ejecutivo nacional, a través del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, subrayó que la dimisión implica la pérdida de inmunidad y permite la ejecución de la prisión preventiva dictada previamente.

El proceso judicial contra Bailaque se aceleró tras la implementación del sistema penal acusatorio en Rosario, lo que permitió avanzar en las investigaciones sobre su desempeño. La defensa del exjuez sostiene su inocencia y busca acceder a una jubilación especial, mientras que la fiscalía remarcó la gravedad de las irregularidades detectadas en causas emblemáticas de lavado de dinero y narcotráfico.

El caso Bailaque ha generado preocupación en el ámbito judicial y político, al ser considerado por fuentes del sector como un ejemplo de la penetración del crimen organizado en la justicia federal de Santa Fe. El futuro del juzgado federal N°4 de Rosario y la continuidad de las investigaciones sobre redes de corrupción institucional permanecen como interrogantes clave para el sistema judicial argentino.