El Gobierno argentino ha lanzado una medida contundente para regularizar el uso de fondos públicos en el ámbito científico y educativo. A través de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, se ha exigido a 672 instituciones, incluidas universidades de renombre como la UBA, UTN y UNLP, la rendición de cuentas o devolución de $33.000 millones en subsidios otorgados por el ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. La resolución, publicada en el Boletín Oficial bajo el número 77/2025, establece un plazo improrrogable hasta el 30 de junio de 2025 para cumplir con esta obligación.

El secretario Darío Genua, quien lidera esta iniciativa, afirmó que "no habrá prórrogas" y que, en caso de incumplimiento, se iniciarán acciones legales para recuperar los fondos. Según el Gobierno, los subsidios no ejecutados estaban en muchos casos en colocaciones financieras, lo que representa una desviación de su propósito original. Entre las instituciones con mayores deudas se encuentran la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) con $902 millones, la Universidad de Buenos Aires (UBA) con $896 millones y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) con $581 millones.

La medida también afecta programas emblemáticos como "Ciencia y Tecnología contra el Hambre" y "Plan Pampa Azul", que deberán justificar el uso de los fondos recibidos. Esta acción se enmarca en la política de ajuste fiscal del gobierno de Javier Milei, que busca racionalizar el gasto público y garantizar la transparencia en la gestión de recursos.

Sin embargo, la decisión ha generado tensiones en el sector científico, históricamente dependiente del financiamiento estatal. Investigadores y universidades han expresado su preocupación por el impacto de estas medidas en la continuidad de proyectos y la adquisición de insumos básicos. Algunas instituciones, como la UNLP, han declarado avances en la rendición de cuentas, pero critican la rigidez de los plazos establecidos.

El contexto de esta medida incluye el desmantelamiento del ex Ministerio de Ciencia y la transferencia de sus funciones a la Jefatura de Gabinete, como parte de una reestructuración más amplia iniciada en diciembre de 2023. Mientras el Gobierno defiende la medida como un paso hacia la eficiencia y transparencia, el sector académico y científico advierte sobre las posibles consecuencias negativas para la investigación y el desarrollo en el país.