El Tribunal Oral Federal N°1 de la Ciudad de Buenos Aires condenó a Walter Rivero, propietario de tres bares del barrio porteño de San Nicolás, a 6 años y 6 meses de prisión por trata sexual de una mujer y promoción de la prostitución de otras 15. La sentencia, dictada tras un extenso juicio oral iniciado en diciembre de 2023, también alcanzó al policía Cristián José Bernal, de la Comisaría 3ª de la Policía Federal, quien recibió 3 años de prisión por cohecho pasivo y facilitación de la prostitución ajena.

La investigación, que unificó dos causas, reveló que entre marzo de 2011 y septiembre de 2012, Rivero explotó sexualmente a una mujer captada mediante una falsa oferta laboral y sometida a amenazas y violencia física en los bares Classic Irish Pub, Keops y Kir Royal. Además, se comprobó que en esos mismos locales se promovió la prostitución de al menos otras 15 mujeres en situación de vulnerabilidad. El tribunal determinó que Bernal, junto a otro policía ya fallecido, recibió dádivas para proteger el funcionamiento de los locales y permitir las actividades ilícitas.

Durante el proceso, que incluyó la declaración de 105 testigos, el Ministerio Público Fiscal solicitó reparaciones económicas para las víctimas, incluyendo más de 108 millones de pesos para la hija de la principal damnificada, fallecida en 2011, y cerca de 292 millones para el Programa Nacional de Reparaciones Integrales a las Víctimas del Delito de Trata de Personas. Sin embargo, el tribunal decidió diferir el tratamiento de estos pedidos para un incidente separado y ordenó que la Dirección General de Orientación, Acompañamiento y Protección a las Víctimas (DOVIC) contacte a las mujeres halladas durante los allanamientos.

En el mismo fallo, dos encargados de los bares fueron absueltos por falta de pruebas, tal como había solicitado la fiscalía. Los fundamentos completos de la sentencia se conocerán el 18 de marzo de 2026. El caso, originado en una investigación de la entonces UFASE (hoy PROTEX), puso en evidencia la connivencia entre proxenetas y fuerzas de seguridad en la explotación sexual en locales nocturnos de la Ciudad de Buenos Aires. Organizaciones de derechos humanos y de víctimas celebraron la condena y reclamaron mayor protección y asistencia para las personas afectadas por estos delitos.