La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y sus principales directivos enfrentan una serie de investigaciones judiciales por presunto lavado de dinero, administración fraudulenta y evasión tributaria. El epicentro de las pesquisas es una lujosa mansión ubicada en Pilar, junto a una flota de vehículos de alta gama, cuya titularidad formal recae en Luciano Pantano y su madre, ambos monotributistas sin ingresos declarados que justifiquen la adquisición de dichos bienes.

Según documentos judiciales, una tarjeta corporativa de la AFA, a nombre de Pantano, registró consumos mensuales por unos $50 millones entre enero y diciembre de 2025, utilizados para el mantenimiento de la propiedad y los autos. La investigación apunta a determinar si estos gastos están vinculados a maniobras de lavado de activos y administración fraudulenta en perjuicio de la AFA, con la posible participación de directivos como el presidente Claudio Tapia y el tesorero Pablo Toviggino.

El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky rechazó apartarse del expediente, lo que generó una disputa de competencia con el juzgado de Campana. Ahora, la Cámara Federal de San Martín deberá decidir si la causa continúa en el fuero penal económico o pasa a Campana. Mientras tanto, la feria judicial fue habilitada de manera excepcional para que las investigaciones continúen activas durante enero, dada la urgencia y el avance de las medidas de prueba.

Las causas incluyen allanamientos en sedes de la AFA y domicilios vinculados a empresarios y directivos, levantamiento de secreto bancario y fiscal, y citaciones a declarar. Además, se investiga la retención indebida de tributos y recursos de la seguridad social por parte de la AFA, por un monto de $19 mil millones, según denuncias de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El fiscal Claudio Navas Rial sostiene que el entramado de operaciones abarca la constitución y modificación de firmas, adquisición de empresas y relaciones laborales con instituciones del fútbol profesional. La justicia busca retroceder en el tiempo para esclarecer el origen de los fondos y determinar si existió lavado de dinero.

El caso ha generado repercusiones en el ámbito deportivo y político, con solicitudes de cambios de jurisdicción y recusaciones de jueces por parte de los imputados. Se espera que la decisión de la Cámara Federal de San Martín marque el rumbo de la investigación y determine el futuro judicial de los directivos de la AFA.