La provincia de Santa Fe vivió esta semana una de las crisis más significativas de la gestión de Maximiliano Pullaro, cuando un grupo de policías inició una protesta en reclamo de mejoras salariales y condiciones laborales. El conflicto, que tuvo su epicentro en Rosario, se desarrolló en un clima de tensión creciente, con agentes y familiares manifestándose frente a la Jefatura de Policía y visibilizando sus demandas a través de los medios y las redes sociales.

El detonante fue el deterioro salarial de los efectivos, especialmente entre los más jóvenes y de menor jerarquía, quienes denunciaron ingresos por debajo de la línea de pobreza y condiciones de trabajo precarias. La protesta se intensificó tras la decisión del gobierno de pasar a disponibilidad a unos 20 efectivos, lo que generó mayor malestar en la fuerza. "Soy personal policial activo, con 11 años de servicio, mi salario es de 900 mil pesos, hago horas extras, no tengo buen descanso, mi obra social es paupérrima", relató un efectivo a la prensa, reflejando el sentir generalizado.

El gobierno provincial, consciente del riesgo de un efecto contagio en otras provincias y de la posibilidad de que la protesta derivara en descontrol social, optó por una estrategia mixta de sanciones y concesiones. Finalmente, Pullaro anunció un aumento salarial que garantiza un piso de $1.350.000 para todos los policías y agentes penitenciarios, con subas de hasta el 50% para algunos sectores. "Este aumento es en reconocimiento a la dedicación, al esfuerzo y, sobre todo, a los resultados que estamos logrando con nuestro plan de seguridad", afirmó el gobernador.

La resolución del conflicto en 48 horas fue celebrada por el oficialismo como un triunfo, aunque dejó al descubierto la fragilidad de la cadena de mando tras recientes purgas por corrupción y la ausencia de representación sindical en la fuerza. El servicio policial se mantuvo operativo durante la protesta, aunque con demoras, y no se registraron hechos delictivos graves.

El episodio generó repercusiones políticas a nivel nacional, con críticas de sectores libertarios y cautela del peronismo, mientras se reaviva el debate sobre la sindicalización policial y la necesidad de canales de diálogo institucionalizados. Pullaro, por su parte, enfrenta ahora el desafío de recomponer la relación con la fuerza y de gestionar el impacto del aumento salarial en las paritarias del resto de los estatales, en un contexto de crisis económica y con la mirada puesta en las elecciones de 2027.