El Senado argentino se prepara para debatir la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei, en medio de una fuerte controversia política y social. El proyecto, que ya fue enviado al Congreso y forma parte del temario de sesiones extraordinarias, introduce cambios profundos en el régimen laboral vigente, afectando tanto a los contratos nuevos como a los ya existentes.

Entre los puntos centrales, la reforma modifica el cálculo de las indemnizaciones por despido, excluyendo conceptos como aguinaldo, vacaciones y premios, lo que en la práctica reduce las sumas a percibir por los trabajadores. Además, habilita el pago de indemnizaciones en hasta 12 cuotas y establece un tope de actualización vinculado a la inflación. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la medida y aseguró: “La reforma laboral es para todos los empleos, no para los nuevos”.

El proyecto también permite fraccionar las vacaciones, prioriza los convenios por empresa sobre los sectoriales y elimina la ultraactividad de los convenios colectivos, lo que podría debilitar la posición de los sindicatos tradicionales. Asimismo, se habilita el pago de salarios en moneda extranjera y a través de billeteras virtuales, y se amplía la posibilidad de pagos en especie.

La iniciativa oficial ha generado un fuerte rechazo de sindicatos y organizaciones de trabajadores, tanto en Argentina como en el exterior. Sindicatos combativos del Estado español, por ejemplo, convocaron a una manifestación frente a la Embajada argentina en Madrid en solidaridad con los trabajadores argentinos. En el plano local, la CGT y otras centrales sindicales impulsan movilizaciones y advierten sobre un retroceso en derechos laborales.

Expertos en derecho laboral y representantes de asociaciones de jueces del trabajo alertaron en el Congreso sobre los riesgos de la reforma, señalando posibles inconstitucionalidades y el impacto negativo en la seguridad social. También expresaron preocupación por la falta de transparencia en la redacción final del texto, que aún se negocia en el Senado y podría sufrir modificaciones de último momento.

El Gobierno, por su parte, argumenta que la reforma busca modernizar el mercado laboral, reducir la litigiosidad y promover la formalización del empleo. Sin embargo, experiencias internacionales citadas por especialistas muestran que reformas similares han derivado en caída salarial, aumento de la informalidad y desempleo.

El debate continuará en el Senado, donde la aprobación del proyecto dependerá de negociaciones con la oposición y los gobernadores. El resultado podría definir el rumbo de las relaciones laborales en Argentina en los próximos años.