Corina Belén Fadel, una mujer tucumana de 32 años, fue detenida en la ciudad boliviana de Bermejo tras ser acusada de participar en el robo de cinco millones de pesos a una comerciante local. El episodio, que ocurrió en la frontera con la localidad salteña de Aguas Blancas, derivó en una violenta reacción de comerciantes y vecinos, quienes la golpearon, desnudaron y amenazaron con prenderla fuego antes de la intervención policial.

Según fuentes policiales y testimonios recogidos por medios argentinos y bolivianos, el robo se produjo cuando un grupo ingresó al local de la víctima simulando ser clientes. Mientras algunos distraían a la dueña, otros sustrajeron un bolso con el dinero y lo hicieron desaparecer entre la multitud. Horas más tarde, Fadel fue identificada en las afueras de Bermejo, en un sector conocido como "La Petrolera", donde fue interceptada y sometida a un castigo público que incluyó golpes, cortes de cabello y amenazas de linchamiento. "Le exigían a gritos que devolviera el dinero y pedían combustible para quemarla", relataron testigos.

La policía, presente en el lugar, no intervino de inmediato y solo actuó cuando la violencia escaló peligrosamente. Fadel fue rescatada y trasladada a la comisaría local, donde permanece detenida bajo prisión preventiva mientras la Fiscalía de Tarija investiga su presunta participación en el robo. El consulado argentino en Bolivia intervino para garantizar sus derechos y asegurar que reciba asistencia legal adecuada.

El caso ha generado un fuerte debate en ambos países sobre la justicia por mano propia, la actuación policial y el respeto al debido proceso. La familia de Fadel denuncia torturas y exige garantías para su integridad física, mientras que la víctima del robo reclama justicia y mayor seguridad en la zona fronteriza. La legislación boliviana contempla penas severas para el robo, especialmente si se comprueba la existencia de agravantes como la participación de una banda o el uso de violencia.

El episodio, ampliamente difundido en redes sociales, expone la tensión social en la frontera y la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección de derechos humanos y de prevención del delito en la región.