Un informe reciente del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina expone las profundas diferencias de ingresos y oportunidades entre los distintos estratos sociales del país. Según el estudio, para formar parte del 3% más rico de la población, una familia debe percibir al menos $30 millones mensuales. El 7% de clase media alta requiere ingresos desde $15 millones, mientras que el 20% de sectores medios integrados necesita un piso de $5 millones.

En el tercio intermedio, la clase media y media baja aspiracional, sostenida por empleos formales y semi-formales, enfrenta una estabilidad dependiente del ciclo económico. Para integrar el 20% de este estrato se requieren ingresos mínimos de $3.500.000 mensuales, y el segmento medio bajo vulnerable necesita al menos $2 millones. En el tercio inferior, la población se encuentra mayormente en trabajos informales o de subsistencia, con baja productividad y fuerte dependencia de la asistencia estatal. El informe señala que el 20% bajo no indigente requiere ingresos de al menos $800.000, cifra que también marca el límite para el 10% en situación de pobreza extrema.

El ODSA advierte que las medidas de liberalización aplicadas entre 2023 y 2024 profundizaron la crisis previa, aunque hacia el segundo semestre de 2024 la estabilización macroeconómica y una recuperación parcial de los ingresos comenzaron a moderar las tasas de pobreza e indigencia. Sin embargo, la mejora registrada en los indicadores sociales durante el período 2023-2025 se vincula principalmente con la desaceleración inflacionaria, más que con una recomposición genuina del poder adquisitivo o un aumento sostenido de la capacidad de consumo de los hogares.

El informe también analiza el escenario actual y plantea que el régimen libertario abre la posibilidad de dinamizar sectores competitivos, atraer inversión y reordenar incentivos que podrían elevar la productividad y habilitar nuevas trayectorias de movilidad social. Sin embargo, advierte que sus límites aparecen en la falta de mecanismos inclusivos de transición y en la desarticulación del entramado productivo existente, lo que podría profundizar la informalidad y la pobreza estructural si no se acompaña de una estrategia capaz de generar empleos formales y políticas activas de integración territorial y fortalecimiento del capital humano.

Finalmente, el ODSA considera que sin una estrategia explícita de inversión, tanto interna como externa, orientada a expandir el tejido pyme, profesionalizar la economía informal y fortalecer el capital humano, la estabilización macroeconómica podría derivar en un orden social más desigual, con menor movilidad ascendente, mayor fragmentación y una sociedad marcada por la supervivencia más que integrada por oportunidades.