El Tribunal Penal N°1 de Oberá, en la provincia de Misiones, absolvió al cacique mbya guaraní Marcelo Núñez, quien había sido acusado de asesinar y calcinar a su pareja, María Solange Diniz Rabela, durante la pandemia de COVID-19. Tras dos jornadas de juicio oral, los jueces Francisco Aguirre, Horacio Paniagua y Jorge Villalba dictaron la absolución por el beneficio de la duda, argumentando que no existían pruebas determinantes para sostener la responsabilidad penal del acusado. La decisión ordenó la inmediata liberación de Núñez, quien llevaba cinco años detenido como principal sospechoso del hecho ocurrido en abril de 2020.

Durante el proceso, la fiscalía, representada por David Milicich, sostuvo que Núñez mató a la joven de 22 años en un contexto de violencia de género y luego quemó el cuerpo para ocultar pruebas. "María Solange sufría violencia de género en forma asidua. Cinco testigos declararon en ese sentido. Era imposible que ella denuncie; hay personas que viven a una cuadra de una comisaría y no denuncian, imaginate ella viviendo en una aldea", argumentó el fiscal. Sin embargo, la defensa, encabezada por el abogado Jorge Zabulanez, reiteró que no existía evidencia física concreta del asesinato y que la quema del cuerpo podría responder a prácticas fúnebres guaraníes o a recomendaciones sanitarias por la pandemia.

El caso estuvo marcado por testimonios contradictorios. Mientras algunos testigos y la fiscalía señalaron episodios de violencia en el hogar, la defensa y parte de la comunidad defendieron la inocencia de Núñez. La médica que atendía a la víctima negó haber ordenado la incineración del cuerpo, aunque el cacique y otros testigos sostuvieron lo contrario. El propio Núñez negó ejercer violencia de género y manifestó su deseo de regresar a su comunidad y mantener vivas sus costumbres.

La investigación fue criticada por su tardía intervención y deficiencias, en un contexto de resistencia de la comunidad a colaborar con las autoridades. El tribunal brindará los fundamentos completos del fallo el próximo 4 de julio. El caso reabrió el debate sobre la interpretación del derecho penal frente a la diversidad cultural y la convivencia de costumbres indígenas con el sistema judicial argentino.