El Gobierno nacional ejecutó una serie de despidos en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), generando una fuerte reacción en el sector científico y sindical. Según fuentes gremiales y periodísticas, entre 61 y 170 trabajadores no vieron renovados sus contratos a partir del 30 de junio, afectando a personal de distintas sedes, incluyendo la central en Núñez y el Centro Atómico Bariloche.

La notificación de la no renovación llegó de manera sorpresiva a través del sistema interno de la CNEA, lo que provocó la inmediata concentración de trabajadores y sindicatos en la sede central para exigir explicaciones y la reincorporación de los afectados. La situación escaló cuando efectivos de Gendarmería Nacional intervinieron para desalojar oficinas y reforzar la seguridad, lo que fue interpretado por los gremios como una medida intimidatoria.

Los despidos alcanzaron a profesionales, técnicos y administrativos, algunos de ellos involucrados en proyectos estratégicos como el reactor CAREM y el RA-10. "No sé cómo se sigue, la verdad. Mañana los demás, que sí tenemos que venir a trabajar, ¿qué vamos a hacer? Porque hay un montón de cosas que no vamos a poder hacer", expresó Nahuel Vega, doctor en Física y trabajador de la CNEA.

Desde la conducción del organismo, el presidente Martín Porro y otras autoridades sostuvieron que no se trató de despidos de personal científico estratégico, sino de contratos administrativos y recientes, argumentando que la medida responde a una reorganización interna. Sin embargo, sindicatos como ATE y APCNEAN denunciaron un proceso de "desmantelamiento" de la CNEA, con recortes presupuestarios, pérdida de poder adquisitivo y paralización de proyectos.

La diputada nacional y expresidenta de la CNEA, Adriana Serquis, expresó su "más enérgico repudio" a la decisión, señalando que contradice los objetivos de desarrollo tecnológico y exportaciones nucleares recientemente anunciados por el Gobierno. Trabajadores y gremios convocaron a nuevas protestas y advirtieron sobre el impacto negativo en la soberanía tecnológica y el futuro del sector nuclear argentino.

El conflicto se da en un contexto de recortes y renuncias masivas en el sector científico, agravado por la falta de diálogo entre las autoridades y los trabajadores. Las consecuencias de esta medida podrían afectar la continuidad de proyectos clave y la capacidad tecnológica nacional en el mediano plazo.