La provincia de Buenos Aires enfrenta un embargo judicial de más de $157.000 millones, dictado por el juez federal Alberto Recondo, debido a la grave contaminación en la cuenca del Río de la Plata. La medida busca forzar el inicio inmediato de obras de saneamiento en el arroyo El Gato, el río Santiago y el propio Río de la Plata, afectados por décadas de vertidos cloacales e industriales sin tratamiento adecuado.

El fallo se fundamenta en informes técnicos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, que describen un "grado de contaminación aberrante" en la región. Los peritajes revelaron descargas masivas de efluentes cloacales en el arroyo El Gato y la presencia de residuos sólidos urbanos e industriales a lo largo de la cuenca. "Hace cincuenta años se podía nadar en el río. Ahora es una vertiente de basura", relató Fernando Montichelli, abogado y uno de los impulsores de la demanda.

La demanda fue presentada por vecinos y organizaciones ambientales, quienes denunciaron el impacto en la salud y el ambiente. El juez Recondo ordenó el embargo para garantizar el inicio de las obras, señalando que "las carencias presupuestarias, aunque dignas de tener en cuenta, no pueden justificar transgresiones". Además, remarcó que la omisión estatal para implementar políticas de saneamiento se extiende por más de dos décadas, superando la actual gestión provincial.

El gobierno bonaerense, encabezado por Axel Kicillof, apeló la medida y responsabilizó al gobierno nacional por la falta de financiamiento y avales para créditos internacionales. "No se puede exigir a la Provincia que sostenga con recursos propios obras que históricamente dependen del financiamiento nacional", argumentaron fuentes provinciales. El proyecto de saneamiento requiere una inversión de US$270 millones y un plazo de ejecución de cinco años.

Mientras tanto, la región capital continúa enfrentando problemas estructurales de gestión de residuos, con parte de la basura terminando en basurales a cielo abierto. La provincia implementa programas de reciclaje y saneamiento, pero reconoce limitaciones financieras. La Cámara de Apelaciones deberá decidir si mantiene el embargo o concede un nuevo plazo para la presentación de un plan de obras concreto, en medio de una creciente preocupación ambiental y social.