La provincia de Chubut se convirtió en la primera jurisdicción argentina en eliminar los fueros de inmunidad para funcionarios públicos, magistrados y representantes gremiales, tras la promulgación de una reforma constitucional avalada por el 63% de los votantes en el referéndum del 26 de octubre de 2025. El gobernador Ignacio Torres oficializó la medida, destacando que "es un cambio histórico y un mensaje de transparencia institucional".

La reforma modifica los artículos 247 y 248 de la Constitución Provincial, suprimiendo los privilegios que protegían a integrantes de los tres poderes del Estado y a dirigentes sindicales de detenciones y procesos judiciales, salvo en casos de flagrancia. Los textos actualizados fueron sancionados previamente por la Legislatura y publicados en el Boletín Oficial, marcando un precedente en materia de ética pública y transparencia institucional.

Torres subrayó que la decisión fue tomada por la ciudadanía, respondiendo a una demanda de largo tiempo por mayor igualdad ante la ley. "Los privilegios fueron de la mano de la desidia y la corrupción. Esto es una muestra concreta de que nadie está por encima de la ley", afirmó el mandatario, quien también resaltó el valor simbólico de la reforma como ejemplo para otras provincias.

Sin embargo, la medida generó preocupación en el sector judicial. Carina Estefanía, presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut, advirtió que los fueros no son privilegios, sino garantías para la independencia judicial. "Tienen que ver con proteger la función que ejerce la Magistratura, para que el juez pueda resolver un caso libremente, sin presión y sin riesgo de ser sometido a un proceso por hechos inexistentes", explicó. La Asociación anunció que recurrirá a la Justicia y a organismos internacionales para impugnar la reforma, argumentando que afecta el sistema republicano y la división de poderes.

El debate público previo a la votación fue limitado, predominando la postura oficialista. Mientras la reforma entra en vigencia, se anticipa una batalla judicial y política sobre su alcance y consecuencias. El caso de Chubut podría sentar un precedente para futuras reformas en otras provincias, en medio de un clima de demanda social por mayor transparencia y fin de privilegios institucionales.