El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas dictó una condena de 15 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos al oficial de Prefectura Jorge Daniel Barceló, tras hallarlo responsable de múltiples delitos contra una subordinada. El fallo, emitido tras más de tres meses de juicio oral y la declaración de más de 20 testigos, marca un precedente en la consideración judicial de delitos cometidos por miembros de fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones.

Barceló fue encontrado culpable de abuso de autoridad, falsificación de documentos públicos, abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal, en varios hechos y grados de tentativa. Todos los delitos fueron agravados por haber sido cometidos en el ámbito de su función como integrante de la Prefectura Naval Argentina. La víctima, quien denunció los hechos en 2022, sufrió acoso laboral, abuso sexual reiterado y persecución, incluyendo la negación de licencias médicas y sanciones arbitrarias. El tribunal reconoció el daño físico, psicológico y patrimonial sufrido por la víctima y ordenó una reparación integral, además de la inclusión del perfil genético de Barceló en el Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.

La defensa de Barceló, a cargo de los abogados Federico Tilli y Cristian Bareiro, solicitó la absolución argumentando falta de pruebas, pero el tribunal consideró acreditados los hechos denunciados. El fiscal Pablo Ricardo Di Loreto, cuyo pedido de pena coincidió con la sentencia, destacó el valor del proceso judicial y la importancia de la reparación integral a la víctima como parte de los compromisos internacionales asumidos por Argentina.

El esposo de la víctima expresó su alivio tras el fallo, señalando que "esto no tiene que volver a pasar" y subrayando la necesidad de controles psicológicos en instituciones de seguridad. El entorno de la víctima considera la sentencia un "manto de tranquilidad" y un paso importante para evitar futuros abusos dentro de las fuerzas. El caso se inscribe en una tendencia de mayor escrutinio judicial sobre delitos cometidos por funcionarios públicos y refuerza la responsabilidad del Estado frente a estos hechos.