El exconcejal que se negó a una alcoholemia será director en el Ministerio de Seguridad provincial
• Jonatan Arce, exconcejal de Bahía Blanca, fue designado director en el Ministerio de Seguridad bonaerense tras renunciar por negarse a un test de alcoholemia. • La decisión genera polémica y reacciones en el ámbito político y social.



Jonatan Arce, exconcejal de Bahía Blanca, fue designado como Director de Coordinación Municipal y Control Rural Región Interior Sur en el Ministerio de Seguridad bonaerense, según la Resolución 453 firmada por el ministro Javier Alonso y publicada en el Boletín Oficial. La decisión, que tiene vigencia retroactiva al 26 de diciembre, se produce apenas un mes después de que Arce renunciara a su banca tras negarse a realizar un test de alcoholemia durante un control de tránsito en noviembre pasado.
El episodio que motivó la renuncia de Arce ocurrió el 21 de noviembre, cuando fue interceptado por agentes de tránsito en Bahía Blanca y se negó a someterse a la prueba de alcoholemia. Como consecuencia, su vehículo fue secuestrado y recibió una sanción económica superior al millón de pesos, conforme a la normativa vigente que equipara la negativa al test con un resultado positivo. Dos días después, Arce presentó su renuncia y reconoció públicamente su error, afirmando: “Actué de manera incorrecta” y que “la coherencia debe estar siempre por encima de los cargos”.
La designación de Arce en el Ministerio de Seguridad generó críticas en el ámbito político y social, especialmente por su reciente antecedente y su rol previo en la comisión de Tránsito y Transporte del Concejo Deliberante. Organizaciones como Estrellas Amarillas, dedicadas a la concientización sobre siniestros viales, reclamaron una respuesta política acorde y cuestionaron la idoneidad del nombramiento.
Desde el Ministerio de Seguridad, se argumentó que Arce cumple con los requisitos legales y administrativos para el cargo, y que su incorporación fue validada por las áreas técnicas correspondientes. El ministro Alonso, por su parte, defendió la legalidad del proceso y destacó la importancia de fortalecer la fiscalización y el control en zonas rurales de la provincia.
El caso reavivó el debate sobre la responsabilidad y la ética de los funcionarios públicos, así como la necesidad de garantizar la transparencia en las designaciones estatales. Se espera que la controversia continúe generando repercusiones en el ámbito político y social bonaerense en las próximas semanas.
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