La reciente confirmación de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por parte de la Corte Suprema ha provocado un fuerte cimbronazo en la política y la sociedad argentina. Según encuestas nacionales realizadas inmediatamente después del fallo, la opinión pública se encuentra profundamente dividida: el 53% de los consultados considera culpable a la ex mandataria, mientras que el 40,8% la cree inocente. Sin embargo, un dato que atraviesa todas las mediciones es la desconfianza hacia el sistema judicial: el 46,5% de los encuestados sostiene que la Justicia actuó de manera deshonesta en este caso.

La polarización se acentúa al analizar los resultados por edad y afinidad política. Entre los jóvenes de 16 a 30 años, el rechazo a Fernández de Kirchner es mayor, con un 70,9% que la considera culpable. Entre los votantes de Javier Milei, el 94,9% coincide con esa visión, mientras que el 87,3% de los votantes de Sergio Massa la cree inocente. Además, el 52,3% de los encuestados opina que la ex presidenta debería estar presa, en línea con la sentencia, mientras que el 42,9% considera que debería permanecer en libertad.

El momento en que se conoció el fallo también generó controversia: el 45,4% de los consultados expresó dudas sobre la oportunidad de la condena, emitida poco después de que Fernández de Kirchner anunciara su candidatura legislativa. Por el momento, el Tribunal Oral Federal rechazó la detención inmediata y la ex mandataria permanece en su domicilio en la ciudad de Buenos Aires.

Más allá del caso puntual, las encuestas revelan una crisis de legitimidad en el Poder Judicial. Más del 75% de la población rechaza la designación de jueces de la Corte Suprema por decreto y el 61,1% apoya la idea de elegirlos por voto popular. "La legitimidad del Poder Judicial está partida en dos. La credibilidad no acompaña al fallo de forma clara", señala uno de los informes consultados.

El caso de Cristina Fernández de Kirchner reaviva la histórica grieta entre peronismo y antiperonismo, y plantea interrogantes sobre el futuro del sistema político y judicial argentino. Analistas advierten sobre el riesgo de conflictividad social y la necesidad de restablecer el equilibrio institucional para evitar que la polarización siga profundizándose. El debate sobre la independencia judicial y la transparencia en los procesos seguirá marcando la agenda pública en los próximos meses.