Lázaro Báez, empresario condenado por corrupción en las causas conocidas como la “Ruta del dinero K” y “Vialidad”, fue trasladado este domingo desde la Unidad Penitenciaria N° 15 de Río Gallegos al Complejo Penitenciario Federal N° 1 de Ezeiza. La medida fue dispuesta por el juez federal Claudio Vázquez, quien rechazó el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa de Báez, pero ordenó su traslado a un establecimiento con mejores condiciones sanitarias debido a su delicado estado de salud.

El operativo de traslado comenzó el sábado, con un trayecto terrestre hasta Trelew y luego un vuelo hacia Buenos Aires, bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal. Al llegar a Ezeiza, Báez fue alojado en el hospital penitenciario para realizarse estudios médicos, mientras se evaluaba su asignación a un pabellón definitivo. Según fuentes judiciales, la defensa había presentado un habeas corpus alegando condiciones inhumanas en Río Gallegos, donde compartía un baño con 20 internos y sufría problemas de salud como EPOC, hipertensión, arritmia, diabetes y afecciones gastrointestinales.

El juez Néstor Costabel, a cargo de la ejecución de la condena, ordenó una nueva evaluación cardiológica y solicitó al Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema que determine si Báez se encuentra en estado crítico. La defensa, integrada por los abogados Lucas y Yanina Nicoletti, denunció irregularidades en el proceso y la falta de información sobre el paradero de Báez durante el traslado, lo que generó preocupación en su entorno y fue difundido en redes sociales.

Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, desmintió las versiones de desaparición y aseguró que el traslado se realizó conforme a las normas, con la defensa informada en todo momento. El caso reavivó el debate sobre las condiciones de detención y los derechos de los condenados por corrupción, mientras la defensa anticipó que apelará la decisión judicial y continuará reclamando la prisión domiciliaria por razones humanitarias.

Báez cumple una pena unificada de 15 años de prisión y enfrenta otra condena pendiente por apropiación indebida de aportes laborales. El desenlace de los estudios médicos y las próximas resoluciones judiciales serán determinantes para su futuro régimen de detención.