El sistema científico argentino atraviesa una de sus crisis más profundas tras la decisión del gobierno nacional de anular las convocatorias a los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT), principal mecanismo de financiamiento para la investigación básica en el país. La medida, implementada por la Agencia I+D+i, implica la cancelación de proyectos ya evaluados y adjudicados en 2022 y el cierre definitivo de la convocatoria 2023, dejando sin recursos a más de 1.500 investigaciones en curso.

La comunidad científica, representada por organismos como el CONICET y la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (Raicyt), manifestó su "profunda preocupación" y rechazo a lo que consideran el mayor ajuste al sector en democracia. Según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el recorte en ciencia y tecnología alcanza el 45% desde el inicio de la gestión de Javier Milei, con una caída del financiamiento público a un mínimo histórico del 0,164% del PBI. Los salarios de los científicos se han devaluado un 40% y las becas de investigación se redujeron a menos de la mitad.

El nuevo esquema de financiamiento prioriza la ciencia aplicada y la vinculación con empresas, excluyendo la investigación básica y generando preocupación por el futuro del sistema científico nacional. "No va a haber ciencia para aplicar en el país si no se hace ciencia", advirtió Mario Pecheny, director del CONICET, quien también señaló la falta de transparencia en el uso de fondos internacionales y la ausencia de criterios claros para la evaluación de proyectos.

El ajuste ha provocado la paralización de investigaciones en áreas estratégicas como biotecnología, salud y desarrollo tecnológico, y amenaza con acelerar el éxodo de jóvenes investigadores al exterior. La situación ha motivado la convocatoria a movilizaciones y acciones judiciales en defensa del sistema científico.

En un contexto de crisis económica y prioridades presupuestarias restrictivas, el debate sobre el rol del Estado en el financiamiento de la ciencia se intensifica. Mientras el gobierno sostiene que la prioridad es la eficiencia y la orientación productiva, la comunidad científica advierte sobre el riesgo de un retroceso irreversible en la capacidad tecnológica y el desarrollo nacional. El futuro del sistema científico argentino, históricamente reconocido en la región, queda así en una encrucijada crítica.