En Argentina, la implementación de nuevas normativas fiscales en varias provincias podría encarecer el precio de los vehículos cero kilómetro y usados. Provincias como Córdoba, Tucumán, Formosa, Misiones y Mendoza han decidido trasladar la responsabilidad del cobro del Impuesto de Sellos a las fábricas automotrices y concesionarias, una medida que ha generado preocupación en el sector.

El Impuesto de Sellos, que varía entre el 1% y el 3% del valor del vehículo según la provincia, solía ser gestionado por los Registros del Automotor. Sin embargo, las nuevas normativas designan a las automotrices y concesionarias como responsables de recaudar este tributo. En Córdoba, por ejemplo, la medida debía entrar en vigor el 1 de abril de 2025, pero fue prorrogada hasta el 21 de abril tras gestiones de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA).

En Tucumán, la Ley Provincial 9863 establece que las concesionarias y fábricas deben liquidar e ingresar el impuesto al momento de la transferencia de vehículos. Formosa, por su parte, implementó un régimen especial que incluye tanto vehículos nuevos como usados, mientras que en Misiones, los concesionarios actúan como agentes de percepción del impuesto, simplificando el trámite para los compradores.

Estas medidas han generado críticas desde el sector automotor. "Es una decisión que no tiene sentido y que va en contra de las personas. Mientras el gobierno nacional intenta bajar el precio de los autos con reducciones impositivas, hay provincias que deciden mantener o incluso aumentar las tasas", señaló un representante de ADEFA. Además, las automotrices advierten que el costo adicional será trasladado al precio final de los vehículos, afectando a los consumidores.

El contexto nacional contrasta con estas políticas provinciales. En 2024, el gobierno redujo el arancel de transferencia de autos al 1% y eliminó otros costos asociados al registro de vehículos, buscando aliviar la carga fiscal sobre los compradores. Sin embargo, las provincias han optado por mantener sus tasas impositivas, generando tensiones con el sector privado.

Los concesionarios también expresan su preocupación por la complejidad operativa y los costos adicionales que implica esta medida. "Tendremos que destinar personal y recursos para una operatoria que no deberíamos tener que hacer", comentó un empresario del sector. Además, temen que estas políticas se extiendan a otras provincias, agravando la situación.

En conclusión, mientras el gobierno nacional busca fomentar la venta de vehículos mediante la reducción de impuestos, las políticas provinciales parecen ir en dirección contraria, generando incertidumbre en el mercado automotor y posibles aumentos en los precios para los consumidores.