El Gobierno nacional estableció nuevas fechas para la implementación del sistema acusatorio federal en tres jurisdicciones clave del país: Córdoba, Posadas y La Plata. Según la Resolución 1/2026, publicada en el Boletín Oficial, el Código Procesal Penal Federal (CPPF) comenzará a regir en Córdoba el 15 de junio, en Posadas el 24 de agosto y en La Plata el 30 de noviembre de 2026. Esta decisión responde a la necesidad de asegurar una transición ordenada y sostenible hacia el nuevo modelo procesal, que ya se encuentra vigente en otras regiones como Rosario, Mendoza, General Roca, Comodoro Rivadavia, Salta y Jujuy.

El sistema acusatorio implica una transformación profunda en la justicia penal federal, trasladando la investigación penal a los fiscales y limitando el rol instructor de los jueces, quienes pasan a ser garantes del proceso. El Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, justificó la reprogramación de fechas en la necesidad de fortalecer la infraestructura, la capacitación y la tecnología forense, así como de garantizar la previsibilidad del proceso. Entre las inversiones realizadas se destacan la adecuación de salas de audiencias, la adquisición de sistemas informáticos y forenses, y la capacitación de operadores judiciales.

La reforma, sancionada en 2015, fue concebida como un proceso progresivo. Originalmente, la Comisión Bicameral del Congreso era responsable del cronograma, pero desde 2024 la competencia fue transferida al Ministerio de Justicia mediante un decreto presidencial. El nuevo sistema se aplicará únicamente a los procesos iniciados después de su entrada en vigencia en cada jurisdicción, mientras que las causas previas continuarán bajo el régimen anterior.

En Comodoro Py, sede de los tribunales federales de mayor relevancia política, la implementación del CPPF fue prorrogada en dos ocasiones y finalmente se fijó para el 20 de abril de 2026. El Gobierno subrayó que la experiencia acumulada en otras jurisdicciones ha sido clave para ajustar el calendario y garantizar una transición homogénea en todo el país. La medida no ha generado resistencias públicas significativas, aunque se reconoce la complejidad operativa y política del proceso de reforma judicial.

Con estas nuevas fechas, el Ejecutivo busca consolidar un sistema judicial más ágil, transparente y eficiente, en línea con los estándares internacionales y las demandas sociales de mayor celeridad en la resolución de causas penales federales.