La brecha entre la tasa oficial de desocupación y la realidad del mercado laboral argentino se ha profundizado, según informes recientes de organismos privados y oficiales. Mientras el INDEC reportó una desocupación del 7,5% para el último trimestre de 2025, estudios como el del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) y el IDECBA advierten que la "desocupación ampliada" —que incluye a subocupados y personas que buscan más horas de trabajo— alcanza el 15,3%. Si se suman los ocupados que buscan otro empleo, la presión total sobre el mercado laboral asciende al 24%.

Este escenario se da en un contexto de creciente precarización laboral y deterioro del salario real. El índice salarial de enero de 2026 marcó una caída real acumulada de cinco meses consecutivos, con un descenso promedio del 8% respecto a noviembre de 2023. El sector público fue el más afectado, con una baja del 18%, mientras que el privado cayó un 2,3%. La informalidad laboral también creció, alcanzando al 43% de los trabajadores a nivel nacional.

La situación es especialmente grave en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, donde la tasa de empleo es casi ocho puntos menor que en otras zonas y la informalidad afecta a dos de cada cinco cuentapropistas. Además, la brecha de género persiste: el 52% de los desocupados son mujeres.

A pesar de la caída del PBI per cápita en un 4,5%, la pobreza se mantiene en torno al 28,2%, similar a los niveles de 2016-2017. Centros de estudios como el Banco Provincia cuestionan la coherencia de los datos oficiales, señalando inconsistencias entre las mediciones de ingresos y salarios.

El gobierno de Javier Milei, que impulsó reformas laborales y ajustes fiscales, enfrenta crecientes tensiones sociales y una desaprobación de gestión que ronda entre el 49% y el 61%, según encuestas nacionales. Las movilizaciones sociales y sindicales, junto con la judicialización de algunas reformas, reflejan el malestar y la pérdida de consenso social. El círculo recesivo —menos empleo, menor consumo y caída de la actividad— amenaza con profundizar la crisis laboral y social en el país.

La discusión sobre la metodología de medición de empleo, inflación y pobreza sigue abierta, mientras la presión sobre el mercado laboral y el deterioro de los ingresos continúan siendo los principales desafíos para la administración actual.