El sistema universitario argentino atraviesa una de sus crisis más profundas en años, con renuncias masivas de docentes, paros y movilizaciones que afectan el normal desarrollo de las clases en todo el país. Desde principios de 2024, la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA) ha registrado la renuncia de 83 docentes, principalmente jóvenes con posgrado y dedicación exclusiva, quienes perciben salarios por debajo de la canasta básica. Según la decana Adriana Rodríguez, "el motivo principal es el económico", y muchos de los profesionales migran al sector privado o al exterior en busca de mejores condiciones laborales.

La situación no es exclusiva de la UBA. En la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), los gremios docentes y nodocentes han impulsado paros de 24 horas y asambleas para definir nuevas medidas de fuerza. El plan de lucha incluye huelgas programadas para marzo y abril, en reclamo de la inmediata aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso pero aún no ejecutada por el Poder Ejecutivo. "Nuestra Federación no ha recibido ninguna notificación oficial respecto a aumentos salariales ni a la convocatoria a paritarias", señalaron desde la Fatun, el gremio nacional de trabajadores universitarios.

La protesta se replica en universidades de todo el país, como la UNSa en Salta, donde docentes, estudiantes y familias participan en asambleas interclaustro y clases públicas. El epicentro de las movilizaciones ha sido la Ciudad de Buenos Aires, frente al Congreso de la Nación, bajo la consigna "Sin presupuesto no hay futuro". Los gremios denuncian que la pérdida salarial real supera el 30% desde fines de 2023 y que el 90% del presupuesto universitario se destina a salarios, lo que hace "insostenible" la investigación y la docencia de calidad.

El conflicto se agrava por la falta de cumplimiento de una medida cautelar de la Justicia Federal, que ordenó al Ejecutivo actualizar las partidas presupuestarias conforme a la ley vigente. Desde el sector académico, se acusa al Gobierno de actuar "por fuera de las reglas de las instituciones" y de impulsar una "decisión política y filosófica" para desmantelar el sistema público de educación superior. "No hay futuro para la Argentina si no tenemos universidad pública de calidad", advirtieron los referentes estudiantiles, anticipando nuevas marchas federales si no hay respuestas oficiales. El desenlace del conflicto permanece abierto, con consecuencias directas sobre la formación de profesionales y el desarrollo científico del país.