La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este miércoles la media sanción del proyecto de ley conocido como Súper RIGI, que crea un régimen especial de incentivos para grandes inversiones en nuevas industrias. La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, obtuvo 130 votos afirmativos, 106 negativos y 7 abstenciones, y ahora será debatida en el Senado.

El Súper RIGI establece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por 30 años para proyectos que superen los US$1000 millones de inversión. Entre los principales incentivos se destacan una alícuota reducida del 15% en el Impuesto a las Ganancias, exenciones de derechos de importación y exportación, estabilidad normativa y la posibilidad de recurrir a tribunales internacionales en caso de controversias con el Estado argentino.

El oficialismo defendió la medida como una herramienta fundamental para atraer industrias tecnológicas y de infraestructura que actualmente no existen en el país. "El capital dignifica el trabajo y debemos proteger la propiedad y dar estabilidad a quienes invierten", sostuvo el diputado Benegas Lynch durante el debate. Por su parte, el radical Lisandro Nieri afirmó que "el mundo compite por inversiones y Argentina no puede quedar afuera".

Sin embargo, la oposición cuestionó duramente el proyecto. Legisladores de Unión por la Patria y la izquierda advirtieron sobre el alto costo fiscal, la falta de garantías para la industria nacional y el empleo argentino, y la posible pérdida de soberanía al permitir que las empresas recurran a arbitrajes internacionales. "Este es un régimen de excepción quizás nunca visto, que beneficia a grandes corporaciones extranjeras", señaló Maximiliano Ferraro, mientras que Victoria Tolosa Paz alertó que "no garantiza más industria nacional ni mayor valor agregado".

Durante el tratamiento en comisiones se incorporaron requisitos ambientales y sociales, así como la obligación de integrar al menos un 20% de proveedores locales. El régimen excluye ampliaciones de industrias existentes y exige un desembolso mínimo en activos computables.

El debate sobre el Súper RIGI se da en un contexto de tensiones políticas y económicas, marcado por la reciente aprobación del pago a fondos buitre y la discusión sobre el rumbo fiscal del país. El proyecto, que amplía el RIGI aprobado en 2024, busca posicionar a Argentina en la competencia global por atraer inversiones, aunque su impacto final dependerá de la reglamentación y la respuesta del sector privado.