Fred Machado, empresario argentino acusado de narcotráfico, lavado de dinero y estafas, será extraditado a Estados Unidos el próximo 5 de noviembre, según confirmaron fuentes judiciales y la Interpol. La decisión pone fin a un extenso proceso judicial que incluyó la intervención de la Corte Suprema y la aprobación del Poder Ejecutivo argentino.

Machado, quien permanecía bajo arresto domiciliario en Viedma, fue trasladado recientemente a una delegación policial a la espera de su extradición. En la antesala de su traslado, el empresario realizó declaraciones públicas en las que lanzó advertencias sobre el impacto que podría tener su testimonio en la política argentina. “Si hablo, se cae el país”, afirmó Machado en entrevistas, sugiriendo que posee información comprometedora sobre figuras del gobierno y la oposición.

Entre los nombres mencionados por Machado se encuentran el diputado José Luis Espert, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck. Machado aseguró haber financiado la campaña de Espert en 2019, aportando dinero y recursos logísticos, y expresó su decepción por la negativa pública del diputado a reconocer el vínculo. Además, señaló supuestos aportes a la campaña presidencial de Bullrich y denunció negocios irregulares en la provincia de Río Negro.

La justicia argentina investiga a Espert por una transferencia de 200.000 dólares y el uso de aviones de la flota de Machado durante su campaña. El escándalo derivó en la renuncia de Espert a su candidatura por La Libertad Avanza. Por su parte, el presidente Javier Milei respaldó a Espert, calificando las acusaciones como parte de una “campaña sucia”.

En Estados Unidos, Machado enfrenta cargos en un tribunal de Texas por estafa, lavado de dinero y narcotráfico. En la misma causa, una socia suya fue condenada a 16 años de prisión. Machado, sin embargo, niega ser narcotraficante y sostiene que sus problemas legales se deben a cuestiones financieras y no a delitos relacionados con drogas.

El caso ha generado gran repercusión en la opinión pública y en el ámbito político, ante la posibilidad de que Machado revele información que podría comprometer a altos funcionarios y empresarios. La extradición, prevista para el 5 de noviembre desde el aeropuerto de Ezeiza, se realizará bajo estrictas medidas de seguridad. El desenlace del caso podría tener consecuencias significativas para la política argentina y la relación entre el poder y el crimen organizado.