El gobierno de Neuquén impulsa un proyecto de ley que propone la realización de exámenes toxicológicos obligatorios para el personal de salud que se desempeña en áreas críticas, como guardias, unidades de terapia intensiva y quirófanos, tanto en el sector público como privado. La iniciativa, anunciada por el gobernador Rolando Figueroa durante la apertura del 55º período de sesiones ordinarias de la Legislatura, busca reforzar la seguridad de los pacientes y elevar los estándares de calidad en la atención sanitaria.

Según el proyecto, los controles toxicológicos se realizarán al ingreso a funciones críticas, de manera periódica y aleatoria, y también tras incidentes laborales graves. El sistema garantiza la confidencialidad de los resultados, el derecho a la contraprueba y la protección de los datos personales. Además, se prevé la creación de programas provinciales de prevención y rehabilitación para el personal que enfrente problemas de consumo, con el objetivo de promover la reintegración laboral cuando sea posible y seguro.

El costo de los exámenes será asumido por los empleadores, y ante un resultado positivo, el trabajador será suspendido preventivamente de sus funciones en áreas críticas, aunque podrá reincorporarse tras completar un tratamiento y recibir la aprobación de una junta evaluadora. La medida alcanza a médicos, enfermeros, técnicos, choferes de ambulancia, personal administrativo y otros trabajadores de áreas críticas.

Sin embargo, la propuesta generó rechazo entre equipos del sistema público de salud, quienes argumentan que la prioridad debería ser la mejora de las condiciones laborales y salariales, así como la provisión de recursos e infraestructura. Los trabajadores sostienen que no necesitan protección de la comunidad, sino que se atiendan sus reclamos históricos de mejores salarios, jornadas laborales adecuadas y ampliación de equipos.

El debate legislativo sobre el proyecto se da en un contexto de alta demanda y desgaste del personal sanitario, con denuncias de vaciamiento del sistema público y éxodo de profesionales hacia el sector privado. El gobierno sostiene que la iniciativa busca equilibrar la protección del derecho colectivo a una atención sanitaria segura y de calidad con el respeto a los derechos individuales de los trabajadores, mediante procedimientos proporcionales y garantistas. El tratamiento en comisión definirá el futuro de la propuesta y sus eventuales modificaciones.