El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, firmó un decreto que congela los sueldos de funcionarios y personal fuera de escalafón del sector público provincial a partir del 1° de julio. La medida, que no afecta a empleados públicos ni docentes, fue adoptada en respuesta a la delicada situación fiscal que atraviesa la provincia, marcada por la caída de la coparticipación federal, la baja recaudación propia y la virtual desaparición de transferencias nacionales.

Frigerio justificó la decisión señalando que “la situación económica de la provincia sigue siendo muy delicada” y que el esfuerzo para preservar la estabilidad financiera “tiene que empezar por la política”. El decreto también invita a los poderes Legislativo y Judicial a sumarse a la iniciativa, aunque hasta el momento solo el bloque oficialista en Diputados y los senadores de Juntos por el Cambio han manifestado su adhesión. Desde el Poder Judicial, en cambio, indicaron que la decisión será evaluada internamente.

La provincia enfrenta vencimientos de deuda por casi 60 millones de dólares en agosto, lo que agrava la presión sobre las cuentas públicas. Además, la recaudación provincial cayó un 20% interanual en mayo, y el 90% del presupuesto se destina al funcionamiento del Estado. En este contexto, el gobierno provincial ya había implementado otras medidas de austeridad, como la eliminación de gastos reservados y la reasignación de autos oficiales a la policía.

El ministro de Hacienda quedó facultado para modificar o levantar la medida según la evolución fiscal. Frigerio subrayó que “la peor grieta que tiene la Argentina es la que se generó entre los ciudadanos y los políticos”, y consideró que la política debe dar el ejemplo en tiempos de crisis. La decisión se enmarca en un clima de ajuste generalizado en las provincias, que reclaman mayores fondos a la Nación y buscan equilibrar sus cuentas mediante recortes y congelamientos salariales.

Sectores gremiales han expresado su malestar por recortes en horas extras, mientras que el oficialismo legislativo respalda la medida como un gesto de responsabilidad. El gobierno provincial insiste en que el ajuste debe recaer primero en la política y defiende su demanda judicial contra el Gobierno nacional por fondos adeudados, en un contexto de creciente tensión financiera entre las provincias y la Nación.