El paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) el 19 de febrero de 2026 paralizó el transporte aéreo en Argentina, dejando a miles de pasajeros varados y generando un caos sin precedentes en los principales aeropuertos del país. Aerolíneas Argentinas, la compañía de bandera, anunció la cancelación de 255 vuelos, lo que afectó a más de 31.000 pasajeros y provocó pérdidas económicas estimadas en tres millones de dólares. La medida de fuerza, en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno, contó con una adhesión masiva de los gremios aeronáuticos y de servicios de rampa.

Flybondi, la principal aerolínea low cost, intentó mitigar el impacto trasladando toda su operación al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde cuenta con autoprestación de handling. Sin embargo, la empresa debió cancelar 90 vuelos tras denunciar un boicot sindical que impidió el abastecimiento de combustible por parte de la Federación de Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos (SUPeH). "La falta de abastecimiento responde a una medida sindical, y no empresarial, y afecta a más de 9.700 pasajeros", señaló la compañía en un comunicado. El Gobierno respaldó la denuncia y acusó a los distribuidores de combustible de discriminar a Flybondi, mientras que otras aerolíneas internacionales recibieron suministro normalmente.

JetSMART y LATAM también suspendieron la mayoría de sus operaciones, impactando a 17.000 y 7.399 pasajeros respectivamente. Los pasajeros afectados reportaron falta de información, largas esperas y dificultades para reprogramar sus vuelos, con costos adicionales en muchos casos. "No nos mandaron notificaciones, nada. Nos bajaron y nos dijeron que reclamáramos acá", relató José Acevedo, uno de los pasajeros varados en Ezeiza.

El paro general fue una respuesta sindical a la reforma laboral y se replicó en otros sectores del transporte y la economía. En paros anteriores, las low cost habían trasladado operaciones a Ezeiza para evitar el cese de Intercargo, pero esta vez la provisión de combustible fue priorizada para vuelos internacionales de otras compañías. El Gobierno calificó la medida sindical como "boicot" y los gremios defendieron el alto acatamiento. Las aerolíneas lamentaron los inconvenientes y ofrecieron cambios de fecha o reembolsos, aunque con demoras y limitaciones. El conflicto deja en evidencia la fragilidad del sistema aerocomercial argentino ante la conflictividad sindical y la necesidad de soluciones estructurales para evitar nuevas crisis.