El concejal Miqueas Burgoa, representante de Guaymallén por el partido Cambia Mendoza, enfrenta un escándalo político tras ser detenido en General Alvear por conducir en estado de ebriedad. El incidente ocurrió el pasado 10 de mayo en Bowen, cuando Burgoa fue interceptado por la policía con 1,2 gramos de alcohol en sangre, más del doble del límite permitido por la ley. Según el acta policial, el edil intentó evitar la sanción alegando su cargo político y su relación con el intendente de Alvear, Alejandro Molero.

El control policial se llevó a cabo después de que Burgoa cruzara un semáforo en rojo. Al ser detenido, no presentó la documentación requerida, argumentando que la tenía en formato digital pero que su teléfono estaba sin batería. La situación escaló cuando el concejal y sus acompañantes se resistieron al procedimiento, lo que obligó a la policía a solicitar refuerzos. Finalmente, el vehículo fue secuestrado y Burgoa trasladado a la comisaría local.

El caso ha generado una fuerte reacción en el ámbito político. El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, expresó su descontento y sugirió que Burgoa debería renunciar para preservar la institucionalidad. "Es un hecho de gravedad que no podemos ignorar", declaró Calvente. Por su parte, el concejal peronista José Pozzoli presentó un pedido formal de destitución, argumentando que la conducta de Burgoa es incompatible con su rol como representante público.

En respuesta, Burgoa emitió un comunicado en el que calificó el incidente como una "mera contravención" y negó haber abusado de su cargo. Sin embargo, el acta policial contradice su versión, detallando que tanto él como sus acompañantes intentaron utilizar su influencia política para evitar la sanción.

El bloque radical en el Concejo Deliberante de Guaymallén se encuentra dividido sobre cómo proceder. Mientras algunos ediles apoyan la destitución, otros han optado por esperar el resultado de la investigación en curso. Según la normativa vigente, se requieren dos tercios de los votos para remover a un concejal, lo que complica el panorama político.

Además de las consecuencias políticas, Burgoa podría enfrentar sanciones legales severas, incluyendo hasta 90 días de arresto, inhabilitación para conducir por un año y medio y una multa que podría superar los 4,5 millones de pesos. Este caso ha reavivado el debate sobre la ética en la política y la responsabilidad de los funcionarios públicos, generando indignación entre la ciudadanía.

El desenlace de este caso será crucial no solo para la carrera política de Burgoa, sino también para establecer un precedente en la aplicación de normas de conducta y ética en la política local.