Una mujer fue detenida en General Roca, provincia de Río Negro, acusada de ejercer la medicina de manera ilegal durante casi seis años utilizando títulos falsos. La investigación, impulsada por el Ministerio de Salud provincial, reveló que la sospechosa se desempeñó como médica cirujana y llegó a coordinar el área de terapia intensiva en una clínica privada, poniendo en riesgo la salud de numerosos pacientes.

El caso salió a la luz en marzo de 2026, cuando surgieron dudas sobre la autenticidad de la documentación presentada por la mujer para acceder a una especialidad en terapia intensiva. La investigación interna del Ministerio de Salud determinó que los títulos presentados, supuestamente otorgados por la Universidad de los Andes (Venezuela) y convalidados por la Universidad Nacional del Comahue, eran apócrifos. Además, la documentación había sido certificada por un escribano público, lo que dificultó la detección inicial del fraude.

Tras la denuncia formal presentada por el ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, y la secretaria de Asuntos Legales, Natalia García, la fiscalía de General Roca ordenó allanamientos simultáneos en el domicilio de la imputada y en la casa de sus padres. Durante los procedimientos, se secuestraron sellos profesionales, recetarios, medicamentos, dispositivos electrónicos y registros médicos, todos considerados pruebas clave para la causa.

La mujer permanece detenida y se espera que en los próximos días participe de una audiencia de medidas cautelares. La fiscalía analiza la evidencia recolectada y podría formular cargos por falsificación de documentos públicos y ejercicio ilegal de la medicina, entre otros delitos.

El contexto de la pandemia de Covid-19, con hospitales colapsados y una urgente demanda de personal médico, facilitó el ingreso de la sospechosa al sistema de salud. "Era un momento de caos. Además, en ese tiempo las universidades estaban cerradas y no era posible verificar. Hoy todo es inmediato", explicó la secretaria legal del Ministerio de Salud.

El caso ha generado fuerte preocupación institucional y sanitaria, ya que la mujer no solo habría ejercido sin título habilitante, sino que ocupó cargos sensibles en el sistema de salud. Las autoridades provinciales advirtieron que la suspensión de la matrícula solo tiene validez en Río Negro, por lo que la acusada podría haber ejercido en otras jurisdicciones. La investigación continúa y se espera que el análisis de la documentación secuestrada determine el alcance real de las maniobras y los riesgos a los que estuvieron expuestos los pacientes.