El triple crimen de Florencio Varela, que conmocionó a la sociedad argentina, continúa su curso judicial y mediático a dos meses de los hechos. El asesinato de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) ocurrió el 19 de septiembre, cuando las jóvenes fueron engañadas con la promesa de recibir dinero por asistir a una fiesta. Tras ser trasladadas desde La Matanza, fueron torturadas y asesinadas, y sus cuerpos hallados días después enterrados en el patio de una vivienda en Florencio Varela.

La investigación, inicialmente en el fuero provincial, fue derivada al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº2 de Morón, luego de que se consolidara la hipótesis de que el crimen está vinculado a una red de narcotráfico internacional. El principal sospechoso, Joseph Freyser Zabaleta Cubas, alias "Señor J", de nacionalidad peruana, permanece detenido por narcotráfico y es señalado como líder de la organización responsable de los asesinatos. Hasta el momento, hay entre nueve y once detenidos, con roles que van desde la ejecución material hasta la logística y el encubrimiento, mientras que otros sospechosos continúan prófugos.

En las últimas horas, la causa sumó un nuevo capítulo con la designación de Roberto Castillo, abogado penalista y pareja de la figura mediática Cinthia Fernández, como defensor de Florencia Ibáñez, una de las imputadas. Castillo anunció públicamente que asume la defensa técnica de Ibáñez y sostuvo: “Repudiamos de forma absoluta los hechos ocurridos, el triple crimen y la violencia con la que se cometió el delito. Pero también sostenemos, con total convicción, que nuestra defendida no tiene ninguna vinculación con lo sucedido”. El letrado subrayó que su intervención busca garantizar el pleno ejercicio del derecho de defensa y el respeto de los estándares constitucionales.

Mientras tanto, las familias de las víctimas continúan reclamando justicia y visibilizando su dolor en redes sociales. Agostina Gutiérrez, hermana de Lara, compartió mensajes emotivos y expresó su rechazo al traslado de la causa al fuero federal, manifestando el impacto que la pérdida ha tenido en su vida y la de su familia. El caso sigue generando debate público sobre el acceso a la justicia, el rol de los abogados mediáticos y la lucha contra el narcotráfico, en un contexto de alta sensibilidad social y reclamo de respuestas por parte de las autoridades.

La investigación avanza en el ámbito federal, con la expectativa de nuevas detenciones y el esclarecimiento total de los hechos, mientras la sociedad observa con atención el desarrollo de uno de los casos más resonantes del año.