La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires aprobó un proyecto de reglamento para regular el uso de inteligencia artificial (IA) en el ámbito judicial bonaerense, marcando un hito en la administración de justicia argentina. El texto, que actualmente se encuentra en etapa de consulta pública, establece límites estrictos y mecanismos de control para el desarrollo y utilización de sistemas de IA en los tribunales.

Según la resolución, la función jurisdiccional es "indelegable e insustituible", por lo que la inteligencia artificial solo podrá emplearse como herramienta de apoyo y nunca para reemplazar el razonamiento humano en la toma de decisiones judiciales. El reglamento prohíbe expresamente que la IA resuelva procesos, valore pruebas o fundamente sentencias, y exige que los operadores judiciales mantengan plena responsabilidad sobre los actos en los que intervengan estas tecnologías.

Para garantizar un uso responsable, se crea una Comisión de Gobernanza y Uso de IA, integrada por las Secretarías de Planificación, Tecnología Informática y Servicios Jurisdiccionales, que actuará como autoridad de aplicación. Esta comisión tendrá la facultad de proponer protocolos, evaluar herramientas, impulsar pruebas piloto, monitorear resultados y elaborar informes periódicos.

El proyecto distingue entre sistemas de bajo riesgo, como la clasificación documental o la transcripción automática, y sistemas de alto riesgo, como la predicción de resultados judiciales o la interpretación normativa. Los sistemas de alto riesgo deberán someterse a auditorías semestrales y a un Análisis de Impacto Algorítmico, además de contar con mecanismos de supervisión humana y vías de impugnación.

La transparencia es otro eje central: los jueces y funcionarios deberán informar detalladamente qué sistemas de IA se utilizaron, el modelo empleado y qué partes de los documentos fueron generadas con asistencia tecnológica. Asimismo, se prohíbe el uso de chatbots de acceso general para tareas jurisdiccionales o el tratamiento de información sensible, y se exige el cumplimiento estricto de la Ley 25.326 de protección de datos personales.

El proceso de consulta pública estará abierto hasta el 7 de agosto, permitiendo la participación de magistrados, abogados, colegios profesionales, instituciones académicas y la sociedad en general. Tras la recepción de aportes, la Comisión deberá elevar un informe a la Suprema Corte antes del 31 de agosto. Hasta la aprobación definitiva, el reglamento tendrá carácter orientador y no vinculante.

Esta iniciativa busca equilibrar la innovación tecnológica con la protección de derechos fundamentales, en un contexto de creciente digitalización judicial y expansión de la inteligencia artificial en el ámbito público.