El Gobierno de Javier Milei enfrenta su primer traspié legislativo tras la aprobación del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados, donde fue rechazado el Capítulo XI, que proponía la eliminación de fondos para discapacidad y universidades. Esta derrota expuso las dificultades del oficialismo para consolidar alianzas y avanzar con su agenda de reformas orientadas al equilibrio fiscal.

Fuentes oficiales confirmaron que, ante la imposibilidad de insistir con las derogaciones, el Ejecutivo evalúa alternativas para ajustar las partidas presupuestarias sin comprometer el objetivo de déficit cero. Entre las opciones analizadas se encuentran la modificación de partidas específicas para discapacidad y universidades, así como la introducción de mecanismos de ajuste para pensiones y salarios en el sector educativo. "La intención es sumar al documento aprobado en Diputados un articulado que modifique las partidas y se ajuste al equilibrio fiscal", señalaron desde el oficialismo.

La votación en Diputados dejó en evidencia la fragilidad de las alianzas de La Libertad Avanza, con varios diputados aliados votando en contra del polémico capítulo. El PRO, por su parte, manifestó su malestar por la inclusión de temas sensibles en un mismo capítulo y por su exclusión en la designación de representantes en la Auditoría General de la Nación. "Intentó explicar lo inexplicable, van a tener que hacer muchos esfuerzos para que volvamos a confiar", resumieron desde la bancada amarilla.

El Senado tratará el Presupuesto el 26 de diciembre, y el Gobierno espera que el texto pueda volver a debatirse en Diputados el 29 para su aprobación definitiva. Mientras tanto, se mantienen las negociaciones con aliados y gobernadores para asegurar el respaldo necesario. El oficialismo busca transformar la derrota en una oportunidad, resaltando la importancia de contar con un Presupuesto aprobado tras casi tres años.

El episodio refleja los desafíos que enfrenta el Gobierno para implementar su programa de reformas, en un contexto de alianzas frágiles y demandas sociales que limitan los márgenes de ajuste fiscal. La resolución de este conflicto será clave para el futuro de la agenda legislativa de Milei y la estabilidad política en los próximos meses.