La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, se presentó el miércoles 1 de julio en los tribunales federales de Comodoro Py para participar de una audiencia de conciliación en el marco de una demanda por calumnias e injurias contra el periodista español Javier Negre. La audiencia, convocada por el juez federal Sebastián Casanello, tenía como objetivo mediar entre las partes antes de que la causa avanzara judicialmente. Sin embargo, el encuentro no pudo concretarse debido a la ausencia de Negre, quien no se presentó en el juzgado.

Villarruel, acompañada de una fuerte custodia, arribó al edificio judicial poco antes de las 11 de la mañana y permaneció en el cuarto piso, donde aguardó más de media hora la llegada del demandado. Al no concretarse la audiencia, la vicepresidenta se retiró sin hacer declaraciones a la prensa. Fuentes judiciales indicaron que ahora será el juez Casanello quien deberá decidir si convoca a una nueva audiencia o permite que el expediente avance hacia la siguiente etapa procesal.

La demanda de Villarruel se originó tras publicaciones de Negre en la red social X, donde la calificó de “traidora y golpista” en el contexto de una interna política con el presidente Javier Milei. Negre, dueño del portal La Derecha Diario, justificó sus dichos como parte de la crítica política y, tras conocerse la denuncia, afirmó: “Nos defenderemos con uñas y dientes. Esta denuncia no nos va a amordazar ni a mí ni a ningún compañero de La Derecha Diario”.

No es la primera vez que Villarruel recurre a la Justicia por expresiones públicas en su contra. En los últimos meses, ha presentado denuncias similares contra periodistas y dirigentes, aunque varias de ellas fueron archivadas por los jueces al considerar que los dichos estaban amparados por la libertad de expresión en el marco del debate político. El caso contra Negre, sin embargo, sigue abierto y se inscribe en un contexto de creciente tensión interna dentro del oficialismo y de debate sobre los límites de la crítica política y la protección del honor de los funcionarios públicos.

El desenlace de este proceso podría sentar un precedente sobre el alcance de la libertad de expresión y el derecho al honor en el ámbito político argentino.