El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, lanzó duras críticas contra el paquete de leyes aprobado recientemente por el Senado argentino, advirtiendo que su implementación podría tener consecuencias económicas y sociales severas. Según el funcionario, las nuevas medidas, que implican un gasto adicional del 2,6% del Producto Bruto Interno, carecen de fuentes de financiamiento claras y pondrían en riesgo el superávit fiscal que el Gobierno sostiene desde hace un año y medio.

En declaraciones a LN+, Sturzenegger afirmó: “Si se llegaran a implementar revertirían el superávit fiscal y generarían un nuevo incremento de la inflación y la pobreza”. El ministro fue más allá y proyectó que el paquete podría “crear 4 o 5 millones de niños pobres en la Argentina”, revirtiendo los avances logrados en la reducción de la pobreza durante la actual gestión. “Quieren destruir a los argentinos, no al Gobierno”, sentenció, apuntando directamente contra la oposición.

El paquete de leyes, impulsado por bloques opositores y con el apoyo de gobernadores provinciales, incluye mayores fondos para las provincias, beneficios previsionales y asistencia para personas con discapacidad. Sturzenegger calificó la actitud del Congreso como “infantil”, argumentando que “el Congreso le decía al Ejecutivo ‘tenés que gastar tanta plata’ pero no le decía de dónde salía esa plata”.

El ministro defendió la política de recorte del gasto público y la reducción del empleo estatal, asegurando que “hoy Argentina tiene más empleados que hace un año” y que la baja de la inflación permitió sacar a 11 millones de argentinos de la pobreza. Además, subrayó que la inflación es el impuesto más regresivo y perjudica principalmente a los sectores más vulnerables.

El debate sobre estas leyes también reavivó la discusión sobre el federalismo y la distribución de fondos nacionales. Sturzenegger sugirió que, en el caso de la reforma de la coparticipación, no recomendaría al presidente Javier Milei vetar la ley, ya que podría resolver una disputa histórica sobre la potestad del Congreso para modificar la distribución de recursos.

Mientras el oficialismo evalúa los próximos pasos, la oposición y los gobernadores defienden la necesidad de mayores fondos para las provincias y sectores vulnerables, argumentando que las nuevas leyes buscan atender demandas sociales postergadas. El desenlace de este conflicto legislativo podría tener un impacto significativo en la economía y la política argentina en los próximos meses.