El gobierno de la provincia de Buenos Aires avanza con un proyecto de ley que busca transformar la resolución de conflictos laborales, en respuesta al aumento de despidos y litigios en el sector privado. La iniciativa, impulsada por el gobernador Axel Kicillof y enviada al Senado bonaerense, propone la creación de la Instancia de Conciliación Laboral Obligatoria Prejudicial (ICLOP), un mecanismo que obligará a las partes a intentar un acuerdo antes de recurrir a la justicia laboral.

Según datos oficiales, en los primeros seis meses de la gestión de Javier Milei, la provincia perdió 67.422 empleos asalariados privados, mientras que los despidos sin causa aumentaron significativamente. Este contexto de crisis llevó a un incremento de demandas laborales y a la preocupación de sindicatos y empresarios por la llamada "industria del juicio" y los fallos judiciales considerados excesivos.

El proyecto establece que los reclamos laborales deberán tramitarse primero ante el ICLOP, bajo la coordinación de los ministerios de Trabajo y Justicia. El proceso contará con un registro de conciliadores especializados y tendrá un plazo máximo de 35 días, muy inferior a los cuatro años que suele demorar un juicio laboral. Los acuerdos alcanzados serán homologados y tendrán validez legal, permitiendo una resolución más ágil y segura para ambas partes.

La Confederación General del Trabajo (CGT) expresó su apoyo a la medida, destacando que puede evitar cierres de empresas y proteger fuentes de trabajo. "Es necesario crear una instancia prejudicial y obligatoria en el ámbito del Ministerio de Trabajo para tramitar los conflictos laborales mediante un procedimiento moderno, ágil y que brinde seguridad jurídica a las partes", afirmó Kicillof.

En ciudades como Junín, se prevé que más de 1.400 reclamos laborales pasarán a la órbita del nuevo sistema, lo que representa un desafío operativo y la necesidad de una reglamentación detallada. El proyecto también contempla la creación de un fondo especial para financiar el sistema y retribuir a los conciliadores.

La propuesta bonaerense se inspira en el modelo del SECLo de la Ciudad de Buenos Aires, considerado exitoso por su capacidad para resolver la mayoría de los conflictos sin llegar a juicio. Sin embargo, actores del sector advierten que será clave monitorear la implementación y el impacto real en la reducción de litigios y la protección del empleo en un contexto económico adverso.