El Gobierno nacional restableció desde el 1° de julio las retenciones plenas a la soja y el maíz, tras finalizar la baja temporal que había regido desde enero. La alícuota para la soja volvió al 33% y la del maíz al 12%, una decisión que generó un fuerte rechazo en el sector agropecuario y reavivó la tensión con el Ejecutivo.

Según proyecciones de CREA, con el nuevo esquema impositivo el 80% del área agrícola destinada a soja y el 87% del doble cultivo trigo/soja se tornan económicamente inviables, considerando los precios internacionales actuales y los costos de producción. Ariel Angeli, líder de Investigación y Desarrollo de CREA, advirtió ante legisladores del Espacio Legislativo Interpartidario del Agro (ELIA) que la medida no solo afecta la rentabilidad, sino también la inversión en tecnología y la sostenibilidad de las empresas agropecuarias.

Las entidades que integran la Mesa de Enlace, como Coninagro, CRA, Federación Agraria y Sociedad Rural, emitieron un comunicado conjunto en el que calificaron las retenciones como "distorsivas, anacrónicas y perjudiciales". "El campo argentino necesita reglas claras, previsibilidad y una Argentina sin retenciones", reclamaron. El presidente de Carbap, Ignacio Kovarsky, fue más allá y calificó la medida como "un robo con cualquier gobierno", criticando además al presidente Javier Milei por no cumplir su promesa de eliminar los derechos de exportación.

El Gobierno, por su parte, argumenta que la decisión responde a la necesidad de mantener el superávit fiscal y fortalecer las reservas internacionales, en línea con los compromisos asumidos ante el FMI. El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó la compra de divisas para el Banco Central y la importancia de sostener la disciplina fiscal.

El impacto de la medida se siente especialmente en las regiones alejadas de los puertos y en zonas marginales, donde los costos logísticos agravan la pérdida de competitividad. Además, la aceleración de las declaraciones juradas de exportación en los días previos al cambio refleja la preocupación del sector por el nuevo escenario.

El complejo sojero, que en 2024 representó el 24,6% de las exportaciones argentinas, se ve particularmente afectado. Analistas advierten que la menor rentabilidad podría traducirse en una reducción del área sembrada y, en consecuencia, en una menor oferta de divisas, lo que podría presionar sobre el tipo de cambio en los próximos meses. El debate sobre las retenciones vuelve así al centro de la agenda económica y política, con el desafío de compatibilizar las necesidades fiscales del Estado con la sostenibilidad del sector agropecuario.