La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a cuatro años de prisión para Juan Carlos Lascurain, ex presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), y para el ex asesor Juan Marcelo Vargas, por el desvío de fondos públicos destinados a una obra vial en Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), en la provincia de Santa Cruz. La decisión, adoptada el 12 de junio de 2026, rechaza los recursos extraordinarios presentados por las defensas y por la fiscalía, y ordena la ejecución inmediata de las penas.

El fallo establece que Lascurain y Vargas deberán presentarse en un plazo de cinco días hábiles ante el Tribunal Oral Federal N°7 para comenzar a cumplir sus condenas. La investigación judicial determinó que, entre fines de noviembre y principios de diciembre de 2015, YCRT entregó a la empresa Fainser S.A., presidida por Lascurain, tres cheques por un total de 50 millones de pesos, bajo el concepto de adelanto para la construcción de la “Avenida de los Mineros”, una obra que nunca se concretó. La Justicia consideró que no existía causa jurídica válida para ese desembolso y que los fondos ingresaron al giro comercial de la empresa.

Durante el juicio oral celebrado en 2019, el Tribunal Oral Federal 7 dio por probado que Lascurain, Vargas, el exintendente de Río Turbio Atanacio Pérez Osuna y otros funcionarios participaron en la sustracción de fondos públicos. La fiscal Fabiana León solicitó la detención inmediata de los condenados y la restitución de los fondos desviados, más intereses. La absolución de Miguel Ángel Larregina, excoordinador de YCRT, también quedó firme tras la decisión de la Corte.

El caso representa el primer juicio oral por irregularidades en YCRT y sienta un precedente para otros procesos judiciales relacionados con el manejo de fondos públicos en obras de infraestructura. Permanece pendiente otro debate por el presunto desvío de al menos 264 millones de pesos en la mina de carbón de Río Turbio, en el que están imputados exfuncionarios como el exministro de Planificación Julio De Vido. La resolución de la Corte cierra una etapa clave en la investigación de corrupción empresarial y política en la Argentina reciente.