Un proyecto de ley presentado en la Legislatura de Mendoza por el senador Martín Rostand propone que todas las personas privadas de libertad en la provincia utilicen uniformes naranjas de alta visibilidad y calzado tipo "crocs". La iniciativa, inspirada en modelos aplicados en cárceles de Estados Unidos y en la provincia de Santa Fe, busca reforzar la seguridad penitenciaria y evitar que los internos puedan mezclarse con la población civil en caso de fuga.

La propuesta surge tras varios episodios recientes de evasión, como la fuga de dos detenidos de la Alcaidía de Tunuyán y otro caso en el Hospital Central, donde los internos lograron pasar desapercibidos entre civiles. Según el senador Rostand, "la actual permisividad de la vestimenta civil dentro de las alcaidías y cárceles atenta contra el principio de identificación inmediata". El legislador argumenta que la experiencia internacional y la criminología moderna demuestran que el uso de uniformes de alta visibilidad reduce drásticamente las posibilidades de una fuga exitosa.

El proyecto establece que el costo de adquisición y reposición de los uniformes y el calzado deberá ser asumido por los propios internos, no por el Estado. "El sostenimiento del sistema penitenciario no debe recaer exclusivamente sobre el contribuyente mendocino, especialmente en elementos de uso personal y obligatorio", sostiene Rostand en los fundamentos del texto. Además, la autoridad de aplicación, el Ministerio de Seguridad y Justicia, será la encargada de fijar los valores de venta y los mecanismos de cobro.

La iniciativa también prohíbe el uso de prendas civiles dentro de las zonas de alojamiento, circulación y traslados extramuros, y dispone que las pertenencias personales de los internos sean inventariadas y custodiadas hasta su liberación. En caso de aprobarse, el Poder Ejecutivo tendría un plazo de 90 días para implementar el nuevo régimen en todo el territorio provincial.

En Santa Fe, desde 2024, los presos de alta peligrosidad ya utilizan uniformes naranjas, una medida que, según funcionarios de esa provincia, ha facilitado el control y la prevención de fugas. El debate en Mendoza se centra ahora en el equilibrio entre la seguridad, los derechos de los internos y la carga económica que implica la medida para los propios presos. El proyecto podría abrir una discusión más amplia sobre las condiciones de detención y la responsabilidad del Estado en el sistema penitenciario.