El proyecto de ley impulsado por el gobierno nacional para modificar el régimen de Zona Fría, que otorga descuentos en las tarifas de gas a millones de hogares en regiones de bajas temperaturas, enfrenta un fuerte rechazo político y social que ha frenado su avance en el Congreso. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados, quedó estancada en el Senado luego de que el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, retirara el apoyo de sus senadores, argumentando el alto costo político de aprobar la medida en pleno invierno.

La propuesta oficial busca eliminar o restringir los descuentos en las facturas de gas para provincias como Mendoza, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Jujuy y Salta, entre otras. De aprobarse, miles de familias podrían ver incrementos de hasta un 50% en sus boletas, ya que el beneficio se limitaría a hogares con ingresos inferiores a tres canastas básicas totales, reduciendo considerablemente el alcance actual del régimen.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, aseguró que la Patagonia no perderá el beneficio, aunque expresó preocupación por la discrecionalidad que tendría el Poder Ejecutivo para fijar los descuentos. "Nosotros tenemos el compromiso del gobierno nacional que a los patagónicos no nos van a tocar", afirmó Figueroa, aunque advirtió sobre el impacto que podría tener la nueva modalidad de cálculo del subsidio.

En ciudades como Mar del Plata y Tandil, concejales y partidos locales realizaron campañas y votaciones en rechazo a la medida, alertando sobre el fuerte impacto en los usuarios. El presidente del bloque Pro en Mar del Plata, Julián Bussetti, remarcó: "Primero están los vecinos de Mar del Plata", al justificar el voto en contra de la modificación, incluso en contra de la postura nacional de su partido.

El oficialismo había confiado en el apoyo de sus aliados radicales por acuerdos electorales, pero el contexto invernal y la presión social llevaron a un cambio de postura. El proyecto podría ser tratado recién después del receso legislativo o en diciembre, según las negociaciones en curso en el Senado.

La reforma se enmarca en un contexto de tensiones políticas y dificultades del gobierno para aprobar leyes clave, como la reforma política y otras medidas energéticas. Mientras tanto, la oposición advierte que la quita del beneficio aumentará la desigualdad y afectará a millones de usuarios en todo el país, especialmente en regiones de bajas temperaturas.