La Justicia argentina avanza en una compleja investigación sobre presunto fraude y desvío de fondos en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Según las pesquisas, al menos 50 millones de dólares generados por la Selección Argentina en el exterior habrían sido canalizados a través de sociedades fantasma radicadas en Miami, omitiendo su destino reglamentario: el fortalecimiento de los clubes locales.

El expediente, instruido por el juez federal Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona, reconstruye un flujo de fondos que transitó por empresas como Delker Inc y Seriva Inc, creadas el mismo día y en la misma dirección en Miami. Ambas recibieron casi cinco millones de dólares desde cuentas vinculadas a la AFA, bajo la justificación de servicios para la industria textil, aunque no se comprobó actividad real. Los registros bancarios muestran transferencias coordinadas y páginas web clonadas, lo que refuerza las sospechas de maniobras fraudulentas.

En paralelo, la Justicia investiga la retención indebida de 19 mil millones de pesos en impuestos y aportes patronales por parte de la AFA. El juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, rechazó el pedido de sobreseimiento presentado por la defensa de Claudio "Chiqui" Tapia y la entidad, argumentando que la suspensión de ejecuciones fiscales no exime del cumplimiento de las obligaciones tributarias.

La Cámara del Crimen de la Ciudad de Buenos Aires resolvió que la causa por fraude continúe en la Justicia ordinaria, desestimando el pase al fuero federal. El fallo subraya que la magnitud del perjuicio o la relevancia institucional no alteran la competencia judicial.

El caso involucra a altos directivos de la AFA, como Tapia y el tesorero Pablo Toviggino, así como al empresario Javier Faroni y su esposa Erica Gillette, quienes autorizaron varias de las transferencias investigadas. La fiscalía busca determinar el destino final de los fondos y si parte de ellos reingresó al país para financiar gastos personales de dirigentes, eludiendo controles impositivos.

La investigación sigue abierta y podría ampliarse a delitos como falsificación de documentos y lavado de activos, dependiendo de los resultados de los peritajes y auditorías en curso. El desenlace del caso podría tener profundas implicancias para la dirigencia del fútbol argentino y la transparencia en la administración de sus recursos.