El inicio del ciclo lectivo 2026 en la provincia de Buenos Aires se encuentra en riesgo tras la decisión de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) de rechazar la última propuesta salarial del gobierno provincial y convocar a un paro de 24 horas para el 2 de marzo, fecha prevista para el comienzo de clases. La medida, adoptada por unanimidad en un Congreso extraordinario, responde a la percepción de que el aumento ofrecido —un 3% para febrero, retroactivo a diciembre, y un 4% para enero— resulta insuficiente frente al deterioro del poder adquisitivo de los docentes.

La presidenta de la FEB, Liliana Olivera, explicó que “el Congreso manifestó la disconformidad que existe entre los docentes ante una oferta que no logra recomponer nuestros salarios y que finalmente se plasmó en un rechazo unánime”. Además, el Consejo Directivo de la federación fue facultado para definir nuevas acciones gremiales en caso de que no haya avances en la negociación.

El gobierno de Axel Kicillof, por su parte, argumenta que la emergencia económica provincial y el recorte de transferencias nacionales —incluyendo la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente— limitan su margen de maniobra para mejorar la oferta salarial. Según fuentes oficiales, el salario inicial de un maestro de grado con la propuesta actual sería de $762.188,69, con un incremento de $22.188 respecto al mes anterior.

Suteba, el gremio docente mayoritario, también rechazó la oferta provincial, aunque decidió no realizar un paro contra la administración bonaerense y, en cambio, adherir a una protesta nacional convocada por Ctera en reclamo de políticas del gobierno nacional. Esta diferenciación evidencia fisuras dentro del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que agrupa a los principales sindicatos del sector.

El conflicto salarial docente se produce en un contexto de fuerte tensión entre la provincia y la Nación, con el gobierno bonaerense denunciando una deuda de más de $12 billones por parte del Estado nacional y una caída significativa en la recaudación. Además, otros gremios estatales, como ATE y FEGEPPBA, también rechazaron las últimas ofertas salariales, lo que suma presión al Ejecutivo provincial.

La paritaria docente permanece abierta y se espera una nueva convocatoria para intentar destrabar el conflicto. Mientras tanto, cerca de cinco millones de alumnos bonaerenses ven amenazado el inicio de clases, en un escenario que marca un cambio respecto a los años anteriores de la gestión Kicillof, cuando se lograron acuerdos sin paros al inicio del ciclo lectivo.